Diputados aprueba límites a la compra de tierras por extranjeros, ahora al Senado
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que restablece límites en la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, regresando así al Senado para su análisis. Esta medida, que modifica la derogación dispuesta por el Decreto 70/2023, plantea restricciones significativas, especialmente relevantes en el contexto patagónico.
El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. La votación concluyó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, lo que refleja un debate significativo en la esfera legislativa.
Este proyecto incorpora modificaciones a la Ley 26.737, que se había promulgado en 2011 y que establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales en el país. Entre los cambios más destacados, se deja sin efecto un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que había eliminado estas restricciones. El paso de la medida a Diputados es resultado de negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados para asegurar los votos necesarios.
La derogación original de estas normas había sido implementada a comienzos del mandato del presidente Javier Milei. Con la reciente votación, se busca restablecer un control más estricto sobre la propiedad rural, abordando una preocupación que ha cobrado relevancia en diversas regiones, particularmente en la Patagonia.
En la región patagónica, la discusión sobre la propiedad y la concentración de tierras es un tema crítico, ya que impacta tanto en las comunidades locales como en la gestión de los recursos naturales. Esta decisión legislativa podría tener repercusiones en la manera en que se regula el uso de la tierra, afectando a los agricultores y a las políticas ambientales.
El proyecto, que regresará al Senado para un nuevo análisis debido a las modificaciones realizadas, aun no asegura su implementación definitiva, dejando abierto el debate en torno a una cuestión que afecta la estructura agraria y la dinámica territorial del país.
Con la aprobación en Diputados, el próximo paso recae sobre la Cámara alta, que deberá revisar la nueva redacción del proyecto, en medio de un contexto donde las tensiones sobre la propiedad de territorios continúan siendo un tema de interés y controversia.
De este modo, la población y los actores involucrados en la cuestión rural deberán mantenerse atentos a los próximos movimientos legislativos que definirán el futuro de la propiedad rural en Argentina.