Duras críticas de Vignaroli a la jueza tras fallo de Viento Sur

El fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli, ha manifestado su desacuerdo con el fallo de la jueza Natalia Pelosso, quien decidió sobreseer a los exministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino, en una investigación por un presunto desvío de $1.208 millones a la Cooperativa Viento Sur. Vignaroli anunció que presentará una apelación contra esta resolución en base a su percepción de que Pelosso no tomó en consideración las pruebas necesarias para emitir un juicio fundamentado.

Durante una conferencia posterior a la audiencia, Vignaroli expresó que tiene la "íntima convicción" de que el programa Viento Sur fue utilizado políticamente para contener la conflictividad social, aunque admitió que carece de pruebas concretas para apoyar esa afirmación en relación a Gutiérrez, el exgobernador. Según el fiscal, la jueza basó su decisión en documentos insuficientes y no revisó los expedientes pertinentes, lo que pone en duda la validez de su fallo.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el decreto 1672 de 2022, que dio origen al programa Viento Sur. Vignaroli argumenta que Pelosso obvió el artículo primero del decreto, que establece las responsabilidades y lineamientos que debían seguir los ministros en relación al uso de los fondos. Esta documentación es crucial para entender las obligaciones de control que recaían en los exministros antes de autorizar los pagos.

El fiscal destacó que, a pesar de que la jueza consideró que la decisión recaía en el gobernador, hay evidencias que muestran que los ministros eran quien impulsaban el programa, como lo demuestra una nota de Di Luca solicitando la creación del proyecto. Vignaroli sostiene que hay elementos suficientes que demuestran cómo se gestionaron los subsidios y que, en muchos casos, los destinos de los fondos prometidos no se cumplían.

En su crítica, Vignaroli también señaló que la jueza parece haber valorado pruebas en una etapa inapropiada del proceso judicial. Para él, la magistrada habría otorgado crédito a las justificaciones de defensa sin haber revisado de manera adecuada los expedientes que la acusación presentó. Estas declaraciones subrayan un clima de tensión entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en relación a la gestión de los fondos públicos en la provincia.

Este caso ha cobrado relevancia en un contexto donde la actividad política y la administración de recursos públicos son temas sensibles en Neuquén, área que ha visto muchas disputas en torno al uso de fondos públicos y su supervisión. La apelación de Vignaroli buscará reabrir el debate sobre la responsabilidad de los exfuncionarios en el manejo de los subsidios asociados a problemas sociales bajo su jurisdicción. En las próximas semanas se definirá cómo se resolverá esta controversia y el impacto que pueda tener en futuras decisiones judiciales relacionadas.