Ecologistas advierten a empresarios de golf en Madrid sobre el uso ilegal de agua

La Asociación Ecología y Libertad ha hecho un llamado a los propietarios del Golf Park, ubicado en La Moraleja de Alcobendas, Madrid, para que interrumpan el uso de agua de pozos subterráneos que consideran ilegales. Este mensaje, enviado a mediados de junio, subraya las preocupaciones por las prácticas irregulares en la gestión de recursos hídricos en un contexto donde la escasez de agua se convierte en un tema urgente en diversas regiones.

Entre los accionistas de Golf Park Entertainment SL, la empresa que gestiona el campo, se encuentran figuras destacadas del mundo financiero, como la familia Rubio y Joaquín Cayuela, quienes son parte del entramado empresarial que habita esta urbanización de alto prestigio. Se señala que el complejo, inaugurado en 1997, ha operado bajo concesiones del Ayuntamiento, que han cambiado con diferentes administraciones políticas, pasando del PSOE al PP y luego a Ciudadanos. Sin embargo, los ecologistas argumentan que los permisos de uso de agua no se ajustan a la legislación vigente.

El campo de golf, que ocupa una superficie considerable, cuenta con un césped que necesitaría anualmente alrededor de 57,680 metros cúbicos de agua solo para su riego. Sin embargo, las irregularidades denunciadas incluyen la utilización de al menos cuatro pozos sin la debida autorización, uno de los cuales tiene prohibido su uso para consumo recreativo. Estas actividades han motivado una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Madrid, que examina si se están cometiendo infracciones ambientales.

El pasado mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Tajo confirmó que Golf Park no posee una concesión adecuada para las aguas depuradas necesarias para su operación, a pesar de la exigencia de la Comunidad de Madrid en 2014 para su obtención. Esto indica un incumplimiento que podría llevar a responsabilidades tanto administrativas como penales, de continuar la explotación ilegal del recurso hídrico.

Las demandas de los ecologistas no solo abarcan el uso del agua, sino también la adecuación del uso del suelo. El campo de golf ocupa parcelas de titularidad pública y privada, y se denuncia que las actividades deportivas que alberga no cuentan con la convalidación urbanística necesaria. Las acusaciones de infracción urbanística suponen un desafío adicional para los empresarios, ya que podrían llevar a consecuencias legales significativas.

Frente a esta situación, los propietarios de Golf Park tienen un plazo para responder al ultimátum que enfrentan, donde el futuro del complejo y sus operaciones dependerán del cumplimiento de la legislación ambiental y urbanística vigente. Esta situación podría resultar en un precedente importante en la lucha por la protección de recursos naturales en áreas urbanas, un tema que resuena en varias partes de España.