EE. UU. reanuda un tribunal secreto para deportar inmigrantes vinculados al terrorismo

El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros de Estados Unidos, creado en 1996, celebra su primera audiencia en tres décadas. Este tribunal busca facilitar la deportación de inmigrantes acusados de amenazar la seguridad nacional mediante el uso de pruebas no divulgadas públicamente. En esta ocasión, el enfoque está en Nazira Haji Zada, una residente permanente legal de 47 años, acusada de haber apoyado al Estado Islámico y de estar implicada en un plan fallido para atacar durante las elecciones de 2024. Aunque su hijo y yerno han admitido culpabilidad en cargos relacionados, Haji Zada no ha sido formalmente acusada de ningún delito.

El proceso fue activado recientemente por el Departamento de Justicia de EE. UU., que ha solicitado la expulsión basándose en información clasificada. Esto plantea interrogantes sobre el debido proceso, ya que la defensa de Haji Zada argumenta que este mecanismo infringe sus derechos al no permitir el acceso a pruebas que podrían ser fundamentales para demostrar su inocencia. Matthew Farley, abogado de Haji Zada, criticó la legalidad del procedimiento y solicitó la desestimación del caso.

La audiencia ha puesto de relieve las limitaciones del tribunal, ya que tanto la jueza como los fiscales y la defensa debieron discutir aspectos básicos del procedimiento. A pesar de ser una audiencia pública, el acceso a la información clasificada ha reducido la capacidad de la defensa para contrarrestar las acusaciones. Este tribunal fue instituido para abordar esos casos con pruebas clasificadas, un enfoque que ha estado inactivo durante años.

El fiscal general interino, Todd Blanche, ha afirmado que la acusación sugiere que Haji Zada actuó como una figura clave en un complot vinculado con el Estado Islámico, promoviendo la ideología del grupo entre sus familiares. Cabe resaltar que gran parte de la prueba presentada está bajo la clasificación de confidencialidad para proteger fuentes e inteligencia.

A pesar de la falta de un proceso penal formal, el nuevo uso del tribunal para la deportación basada en acusaciones de terrorismo representa un cambio significativo en la política migratoria de EE. UU. Este enfoque es parte de la agenda que busca ampliar las medidas de seguridad nacional y controlar a los inmigrantes considerados potenciales amenazas.

La próxima sesión del tribunal no ha sido programada, lo que deja en suspenso el futuro de Haji Zada y el desarrollo del caso. El uso de este tribunal marca una etapa crítica en la aplicación de leyes de inmigración y seguridad nacional, cuestionando el equilibrio entre la seguridad estatal y los derechos individuales en el contexto migratorio.