El abogado de "El Mayo" Zambada asegura que no podrá pagar los 15 mil millones de dólares

La reciente sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada ha incluido una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, monto que se considera el más elevado impuesto a un narcotraficante en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado del capo sinaloense, Frank Pérez, ha declarado que es muy poco probable que el gobierno estadounidense logre recuperar dicha cifra, ya que no se han identificado bienes que pertenezcan a Zambada, quien es conocido por operar con un bajo perfil para evitar la confiscación de sus activos.

La sentencia ordenada por el juez Brian Cogan no solo establece el decomiso, sino que también detalla que el pago debe ser realizado mediante un giro postal o cheque a nombre del gobierno estadounidense. No obstante, la situación se complica debido a la falta de evidencias de propiedades físicas o activos financieros asociados directamente a "El Mayo". Pérez argumenta que las personas de su estatus manejan sus activos a través de terceros, lo que dificulta aún más la posibilidad de liquidar este monto descomunal.

La orden de decomiso, que incluye dos cargos criminales, refleja un estimado judicial basado en la operación del cártel de Zambada, que se encargó de traficar cantidades significativas de narcóticos como cocaína, heroína y fentanilo. Este monto es notablemente mayor que el impuesto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, que ascendía a 12.6 mil millones de dólares, y representa una ampliación del tiempo en que Zambada ha operado el cártel, especialmente desde la captura de Guzmán en 2016.

A pesar de que la cifra podría ubicar a Zambada como uno de los individuos más ricos de México, la realidad es que, según expertos en justicia, las autoridades suelen recuperar solo una pequeña fracción de las multas impuestas en estos casos. La situación de los decomisos judiciales se encuentra llena de complejidades, especialmente en transacciones de este tipo, donde la falta de bienes identificados puede resultar en una ejecución prácticamente imposible.

Zambada, al aceptar su culpabilidad, renunció a varias defensas legales en relación a la orden de decomiso. Esto incluye su derecho a argumentar que ya fue juzgado por los hechos en cuestión o que han prescrito. A pesar de ello, su abogado ha dejado claro que, dada la situación, ir a juicio no era una opción viable, considerando la abrumadora evidencia en su contra.

La condena y el decomiso se perfilan como un paso más en la lucha del gobierno estadounidense contra el narcotráfico, aunque la dificultad para materializar la recuperación de tal suma plantea dudas sobre la efectividad de estas medidas. El futuro de Zambada, en el contexto de su condena y las implicaciones económicas de esta orden, aún es incierto, lo que abre un nuevo capítulo en la compleja narrativa del crimen organizado en la región.