El atraque de un barco británico en Ushuaia vuelve a tensionar la disputa portuaria

La llegada del buque petrolero británico VS Promise al puerto de Ushuaia el lunes reavivó la tensión entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y el Poder Ejecutivo Nacional. Este suceso ocurrió en un contexto de intervención de la terminal portuaria por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), medida que ha generado debates sobre la legalidad y la soberanía en la región.

Habitantes de Ushuaia se mostraron molestos al ver la bandera británica ondeando en el barco, provocando una serie de quejas de la administración provincial que calificó la situación como “inadmisible”. Las autoridades locales cuestionaron los motivos por los cuales se permitió la operación del buque en la provincia, que a su criterio contradice el alegato de soberanía que justificó la intervención.

El gobierno fueguino sostiene que tras la intervención del puerto, deberían haber evitado operaciones que digan lo contrario a la soberanía provincial. En este contexto, el portavoz del Gobierno Nacional, Adrián Ravier, aseguró que la llegada del VS Promise no violó ninguna normativa vigente. Ravier explicó que el buque había realizado actividades anteriores en la provincia y que había recibido los permisos correspondientes de las autoridades locales.

El VS Promise se había abastecido de petróleo en la monoboya localizada en la costa atlántica de Tierra del Fuego, una instalación destinada a operaciones de carga y descarga en mar abierto. Según el gobierno nacional, la monoboya es de jurisdicción provincial y las autoridades de Tierra del Fuego habían accedido al ingreso del buque para la reaprovisionamiento.

El conflicto se agrava por la interpretación de la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe la operación de buques británicos en puertos fueguinos solo si están involucrados en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca Malvinas. Ravier subrayó que dicha ley no aplica en este caso y la operación del buque es completamente legal.

Esta situación pone de manifiesto las tensiones existentes en la administración portuaria de Tierra del Fuego y la relación entre la provincia y el gobierno nacional, que se encuentra actualmente en la justicia. La resolución del conflicto dependerá de la interpretación del marco normativo y de la continuidad de la intervención en el puerto de Ushuaia.

En el futuro inmediato, se espera que las discusiones sobre la soberanía y la explotación de recursos en la región se intensifiquen, reflejando una vez más la complejidad de la gestión portuaria en el sur argentino.