El capitán y tripulación del ferry hundido en Guyana son acusados de asesinato

El 18 de julio, el ferry estatal MV Barima se hundió en el océano Atlántico mientras realizaba su trayecto entre Georgetown y Port Kaituma, lo que provocó un desastre marítimo en el que murieron más de 70 personas y 30 continúan desaparecidas. La policía de Guyana ha presentado cargos de asesinato contra el capitán Kevin Price y dos miembros de la tripulación, el primer oficial Rondell Dwayne Roberts y el superintendente de carga Delon Granderson, quienes deberán esperar en prisión preventiva hasta una nueva audiencia el próximo 3 de agosto.

El MV Barima, con una antigüedad de 87 años y 179 personas a bordo en el momento del hundimiento, se convirtió en el siniestro marítimo más devastador de la historia de Guyana. Aunque se rescataron a 77 pasajeros, uno de ellos falleció poco después del salvamento. La tragedia ha desatado una ola de críticas y tensiones políticas, con oposición demandando la renuncia de ministros de Obras Públicas, a quienes acusan de negligencia en la operación de ferries y de condiciones de seguridad inadecuadas.

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes han exigido respuestas a las autoridades, lo que ha generado un clima de frustración e incertidumbre en las comunidades afectadas. Mientras se llevaran a cabo las labores de rescate, la falta de información y las demoras en la comunicación han intensificado la indignación general.

En respuesta a este trágico suceso, el gobierno de Guyana ha decidido formar una comisión internacional para investigar el accidente, que buscará determinar la magnitud de las fallas y errores que llevaron al hundimiento del ferry. Algunos testimonios de sobrevivientes sugirieron que la nave presentaba filtraciones y que iba sobrecargada de pasajeros y carga, lo que podría haber contribuido al desastre.

Además, la lista de pasajeros no coincidía con la cantidad de personas presentes a bordo, complicando así los esfuerzos de rescate. Informes del gobierno mencionan que el capitán y otros dos tripulantes dieron positivo por consumo de marihuana, aunque la nave había sido certificada como apta para operar. A pesar de las irregularidades, el barco seguía en servicio debido a que el nuevo ferry, adquirido por el gobierno, aún no podía entrar en funcionamiento por retrasos en la construcción del muelle de Port Kaituma, lo que obligó a mantener al MV Barima activo en el transporte fluvial.

Este trágico evento refleja cuestiones más amplias de seguridad y responsabilidad en el transporte marítimo de la región, y subraya la necesidad de investigar y evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.