El conflicto mapuche en Villa La Angostura suma juicios y un nuevo frente internacional

En Villa La Angostura, el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao ha escalado a un nuevo nivel, ya que ahora involucra la activación de frentes de acción internacional. Hasta la fecha, se están llevando a cabo catorce juicios relacionados con 625 hectáreas de tierra en disputa, donde se entrelazan intereses de propietarios privados y del propio Estado. Su foco no se limita solo a los casos de Puerto Elma y el camping del lago Correntoso, sino que refleja un conflicto más amplio, incluyendo pretensiones geopolíticas que han sido históricamente subestimadas.

Una de las causas más prominentes está vinculada al Lote 9, un territorio que fue asignado en 1902 a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao. La comunidad enfrenta múltiples juicios a la vez contra una serie de demandantes, incluyendo más de una veintena de propietarios y la municipalidad, evidenciando la complejidad del caso.

Recientemente, se concretó un desalojo de la comunidad Melo-Quintriqueo, en el que la propietarios de un lote, aparentemente vendido a una empresa, también están en litigio. Este caso pone de manifiesto la complicada y a veces caótica naturaleza de las disputas de tierras que afectan a diferentes grupos mapuches en la región.

A nivel nacional, la situación ha atraído la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido un ultimátum al Estado argentino. La CIDH ha solicitado respuestas sobre las observaciones presentadas por la comunidad Lof Paichil Antriao en el caso 14.041. Este procedimiento, que se inició en abril, permite que la Comisión evalúe tanto la admisibilidad del reclamo como su contenido, dado que el crecimiento del conflicto parece contar con demoras injustificadas del Estado.

El gobierno argentino, bajo la administración del presidente Javier Milei, tiene ahora un plazo de cuatro meses, prorrogable por otros dos, para presentar su defensa. Sin embargo, si no responde, la CIDH podría emitir un dictamen basado únicamente en la información aportada por la comunidad, lo que podría complicar aún más la situación. Esto significa que la falta de respuesta oficial no detiene el avance del caso, sino que facilita un relato unilateral.

La comunidad mapuche, que argumenta que el relevamiento territorial exigido por la Ley 26.160 está vencido, continúa luchando por sus derechos con un panorama judicial que promete ser largo y complicado. La intervención de la CIDH ha elevado el estatus del conflicto, convirtiéndolo en un tema de relevancia tanto para la justicia social como para la política nacional.