El desarrollo en Perú: crecimiento y brechas sociales
A pesar del notable crecimiento económico en Perú en las últimas décadas, la ausencia del Estado en diversas regiones ha acrecentado las brechas sociales y de infraestructura. La nueva presidencia de Keiko Fujimori enfrenta el desafío de unificar el país y abordar estas desigualdades.
En las últimas tres décadas, Perú ha logrado un crecimiento económico significativo, alcanzando un aumento del producto per cápita que se cuadruplicó en este período. Sin embargo, este crecimiento ha dejado al descubierto profundas divisiones sociales y geográficas, evidenciando que los beneficios no son equitativos para toda la población. En el año 2024, el país alcanzó un coeficiente de Gini de 40,1, el más bajo en su historia, lo que indica una reducción de la desigualdad monetaria. A pesar de estos logros, muchas zonas, especialmente rurales, carecen de servicios básicos y atención del Estado, lo que subraya la pregunta sobre la sostenibilidad de este crecimiento.
La estructura económica peruana ha evolucionado, pasando de ser altamente dependiente de la minería a incorporar un sector agroindustrial robusto, convirtiéndose en el primer exportador mundial de arándanos. Las exportaciones han alcanzado cifras récord, pero la distribución de estas actividades económicas sigue concentrándose en Lima y la costa, mientras que regiones del interior como Huancavelica o Apurímac siguen marginadas. La brecha en infraestructura es crítica; por ejemplo, el acceso al agua potable es prácticamente inexistente en las áreas rurales, y la cobertura médica es significativamente más baja fuera de las grandes ciudades.
La reciente elección de Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia con un respaldo muy limitado, plantea un escenario complejo donde el desafío es no solo mantener el crecimiento, sino también abordar estas disparidades que amenazan la cohesión social. Las regiones donde Fujimori perdió, como el sur andino, tienen las peores condiciones en términos de inversión, infraestructura y presencia estatal. Esto refleja una resignación en partes de la población que siente que el desarrollo los ha dejado atrás.
Los estudios demuestran que la dinámica política en Perú está estrechamente vinculada a la distribución desigual de los recursos y los servicios. La informalidad laboral, que afecta en gran medida a regiones menos conectadas, es otro signo de esta desigualdad. En contraste, Lima, donde la formalidad y los servicios son relativamente mejores, ha evidenciado un menor índice de informalidad.
Keiko Fujimori enfrentará el reto de implementar políticas que no solo promuevan el crecimiento, sino que también aseguren la presencia del Estado en todos los rincones del país. La inversión pública y privada se ha focalizado cada vez más en áreas consideradas "seguras", lo que agrava la exclusión de territorios que requieren atención urgente y recursos para mejorar sus condiciones de vida.
A medida que subsisten estas brechas, el nuevo gobierno deberá abordar estas cuestiones fundamentales si pretende no solo sostener el crecimiento, sino también unir realmente al país. La tarea no será fácil, pero es esencial para evitar que la división social y política se profundice aún más en el futuro.