El ex jefe de Gabinete Adorni enfrenta plazo para declarar sobre su patrimonio
Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, tiene hasta el martes para responder sobre su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita investiga su enriquecimiento ilícito y exigió claridad sobre la evolución de sus finanzas desde su ingreso a la función pública.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentra en la recta final de un proceso judicial que requiere que declare sobre su patrimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita. Tiene hasta el próximo martes para presentar su respuesta a un conjunto de veinte preguntas que buscan esclarecer aspectos de su incremento patrimonial desde que asumió su cargo en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de 2026.
Este requerimiento judicial se inició tras sospechas de enriquecimiento ilícito, dado que durante el periodo mencionado, Adorni y su esposa Bettina Angeletti registraron ingresos de $229,7 millones, mientras que sus gastos ascendieron a $272,8 millones. Esto genera una discrepancia de $43.068.549, además de otros activos en dólares relacionados con propiedades y refacciones que, según Pollicita, no coinciden con los ingresos legalmente comprobados.
El fiscal ha enmarcado su investigación en la necesidad de justificar recursos económicos asociados a diversas adquisiciones y gastos del matrimonio. Entre los elementos en cuestionamiento se incluyen préstamos otorgados a familiares, la compra de un automóvil Jeep, y reformas en su vivienda en el country Indio Cuá, cuyas erogaciones demandan un análisis del origen de los fondos.
La lista de preguntas del fiscal abarca aspectos clave, como la procedencia del efectivo declarado en sus declaraciones juradas, y la justificación de ingresos no sujetos a impuestos. Además, requiere información detallada sobre transacciones relacionadas con la compra de propiedades y trabajos en dichas propiedades, sugiriendo una revisión exhaustiva de las finanzas del ex funcionario público.
Si Adorni no presenta respuestas satisfactorias o no logra justificar su patrimonio de manera convincente, podría ser citado a indagatoria. Esta situación no solo lo involucra a él, sino que también ha despertado el interés de la justicia en el patrimonio de su esposa, generando un escenario complejo para ambos.
La posibilidad de que Adorni solicite una extensión de plazo por 15 días, no solo es un recurso habitual en casos judiciales, sino que también podría dilatar aún más la resolución de la causa. De este modo, la atención se centra no solo en la presentación requerida, sino también en las implicancias legales y sociales que puede acarrear para el ex funcionario, en un contexto donde las sospechas de corrupción suelen impactar en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales.
Por tanto, el desenlace de este proceso ante la justicia no solo podría traer consecuencias personales para Adorni y su familia, sino que también afecta la percepción sobre la integridad de quienes ocupan o han ocupado cargos en la administración pública.