El fallo por el caso Latiff será apelado ante el Tribunal de Impugnación

En Bariloche, la reciente absolución de Ismael Choque Vargas por el homicidio de Gastón Latiff ha generado un fuerte revuelo y anticipa diversas acciones legales. El tribunal, compuesto por los jueces Sergio Pichetto, Martín Arroyo y Bernardo Campana, consideró que Vargas actuó en legítima defensa tras un altercado que resultó en la muerte de Latiff, quien recibió siete puñaladas, incluida una en el cuello que le causó la muerte rápidamente.

La decisión fue repentina y sorprendió a la fiscal jefe, Betiana Cendón, y a la abogada querellante, Marcela Fragala, quienes inmediatamente expresaron su desacuerdo y confirmaron su intención de apelar. Ambas sostienen que la acusación debería haberse dirigido hacia un homicidio simple, lo que podría haber llevado a una condena significativa de al menos ocho años de prisión para el imputado.

El contexto del caso es complejo, ya que la pelea entre ambos hombres tuvo lugar en una despensa del barrio San Francisco, donde los relatos sobre lo sucedido no coinciden totalmente. La defensa logró descartar pruebas clave, como una reconstrucción de los hechos y un informe de criminalística, lo que la querella señala como un error crucial que afectó el resultado de la causa.

Fragala criticó con dureza el fallo y sostuvo que no se alineó con las pruebas presentadas durante el proceso. Además, destacó que los jueces habrían fundamentado su decisión en el principio de que las dudas deben favorecer al acusado, un criterio que consideran inaplicable a su caso.

A raíz de la absolución, Vargas fue liberado tras haber estado más de un año y medio en prisión preventiva, periodo durante el cual estuvo internado en un hospital debido a problemas de salud mental. Este desenlace ha provocado una alta tensión en la comunidad barilochense y entre los familiares de Latiff, quienes se preparan para seguir adelante con el recurso de apelación.

El caso Latiff se ha convertido en uno de los más mediáticos de la región, resaltando las tensiones que surgen en torno a la interpretación de la legítima defensa y las prácticas judiciales en situaciones de violencia. La espera ahora se centra en lo que decidirá el Tribunal de Impugnación, que podría modificar el rumbo del caso tras la apelación prevista por la fiscalía y la querella.