El Gobierno adjudica ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por 20 años
El Gobierno nacional oficializó la concesión por 20 años de ocho tramos de rutas, abarcando más de 3.900 kilómetros. La decisión se enmarca en un contexto de privatización y busca mejorar el mantenimiento de las carreteras en diversas provincias del país.
El Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Luis Caputo, formalizó la privatización de ocho tramos de rutas nacionales a través de la Resolución 1379/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta concesión se extiende por un periodo de 20 años y abarca una extensión total de más de 3.900 kilómetros, que incluye corredores cruciales para el tránsito nacional.
Los tramos adjudicados corresponden a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, cubriendo regiones en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Las tarifas de peaje propuestas por las empresas que obtuvieron las concesiones varían entre $1.399 y $3.564,99, dependiendo del corredor y su ubicación específica.
Este esquema de privatización es una continuidad del proceso iniciado por la Ley Bases, que definió a Corredores Viales como una entidad sujeta a privatización. Posteriormente, se aprobó el Decreto 97/2025, que permitió avanzar con la concesión de estas obras públicas, habilitando la gestión pública a empresas privadas. Según se informa, el Gobierno ha adjudicado hasta ahora más de 9.000 kilómetros de rutas bajo este modelo de concesión.
Las empresas seleccionadas no solo tendrán el deber de mantener y reparar las calzadas, sino que también deberán llevar a cabo obras de ampliación de infraestructura para mejorar el servicio y generar ingresos adicionales. Este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la crítica situación de muchas rutas en el país, que han sido objeto de reclamos por su deterioro y la falta de mantenimiento.
La privatización de las rutas nacionales representa un cambio importante en la forma en que se gestionan las infraestructuras viales en Argentina, que históricamente habían sido administradas por el estado. Con el nuevo modelo, se espera que la gestión privada traiga consigo mejoras en la calidad de las carreteras y en los servicios ofrecidos a los usuarios, aunque también se generarán nuevas consideraciones sobre el costo de los peajes.
A partir de ahora, será fundamental observar los resultados de este enfoque en cuanto a la efectividad del mantenimiento de las rutas y la respuesta de los usuarios a las tarifas propuestas. Esta privatización se inserta en un marco más amplio de cambios en la administración de la infraestructura de transporte en Argentina, que busca equilibrar costos y calidad de servicio.