El Gobierno amplía denuncias contra empresas petroleras por Malvinas

El Poder Ejecutivo argentino ha decidido ampliar las denuncias penales contra cinco empresas petroleras, entre las que se encuentran Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Desire Petroleum, Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Esta acción es parte de una investigación que está siendo conducida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, bajo la supervisión del juez Julián Ercolini. La atención se centra en las operaciones del proyecto de extracción de crudo conocido como Sea Lion.

La medida, impulsada por el canciller Pablo Quirno y la Procuración del Tesoro, se enmarca en un contexto administrativo más amplio que ya tiene a 60 personas físicas y jurídicas bajo investigación por violaciones a la Ley 26.659. Esta ley establece sanciones para la exploración y explotación en la plataforma continental argentina sin la debida habilitación, y prevé inhabilitaciones de hasta 20 años. El objetivo del Estado argentino es establecer responsabilidades individuales entre los directores y gerentes de las empresas implicadas.

Uno de los fundamentos de las denuncias es la falta de validez legal de las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas, las cuales el Gobierno argentino sostiene que no reemplazan las habilitaciones requeridas por la legislación nacional para operar en la plataforma continental. Esto ha tomado mayor relevancia tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien, en una cadena nacional, alertó sobre los riesgos que presenta el avance de los proyectos petroleros en el archipiélago.

El accionar judicial contra las empresas forma parte de un conjunto de medidas más amplias que el Gobierno está implementando en torno a la soberanía y defensa nacional. En consecuencia, el Ejecutivo también ha promovido el Decreto 868/2026 para agilizar los procedimientos administrativos relacionados con las investigaciones de las 60 entidades ya mencionadas.

La Ley 26.659, que rige desde 2011, prohíbe cualquier actividad petrolera en el territorio y las aguas marítimas bajo jurisdicción argentina sin la autorización de la autoridad competente. Este marco legal busca proteger la soberanía del país sobre sus recursos naturales y garantizar un control efectivo sobre las operaciones en la región.

De esta manera, el Gobierno argentino busca no solo reforzar las normativas ambientales y de seguridad, sino también reiterar su postura firme respecto a las Islas Malvinas, un tema sensible en la política nacional. Las investigaciones continúan en curso y podrían repercutir en futuras relaciones comerciales y diplomáticas con las empresas involucradas.