El Gobierno analiza incluir la pesca en sanciones por Malvinas

En el marco de la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Gobierno argentino está evaluando la posibilidad de incluir sanciones relacionadas con la pesca ilegal. Esta propuesta surge tras un reclamo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que sostiene que las restricciones impuestas a las petroleras deberían extenderse también a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en la zona de las Malvinas.

La administración liderada por Javier Milei analiza una ampliación de la Ley 26.659, conocida como "Ley Pino Solanas", que protege los hidrocarburos en la plataforma continental argentina, permitiendo su extracción únicamente bajo autorización de las autoridades nacionales. La propuesta de sanciones contra la pesca se discutiría en la mesa política del Gobierno, donde se busca un endurecimiento de las penas y el alcance de las sanciones a las empresas que realizan actividades económicas en las islas.

Hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado a 60 empresas que operan en la extracción de petróleo en Malvinas, lo cual demuestra un interés activo en proteger los recursos argentinos. La inclusión de la pesca en el proyecto de sanciones podría reforzar la postura nacional frente a la explotación de recursos en aguas reclamadas por Argentina.

Por otro lado, el peronismo ha manifestado su apoyo a que las empresas relacionadas con la pesca en las islas estén sujetas a este régimen de sanciones. Las organizaciones del sector pesquero también demandan que la actividad se mencione explícitamente en la nueva normativa que el Ejecutivo presentará al Congreso.

Javier Milei, en una reciente inauguración, afirmó que aquellos que presten servicios a empresas dedicadas a la explotación ilegal no podrán contratar con el Estado ni con el sector privado argentino. Además, se prevé que la legislación contemple otros mecanismos para fortalecer las capacidades de defensa y soberanía, como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, está finalizando los detalles del proyecto legislativo que será ingresado por la Cámara de Diputados. Se están evaluando dos modalidades para su presentación, considerando la estrategia más efectiva ante el apoyo legislativo actual del oficialismo.