El Gobierno apelará fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno de la Nación ha decidido apelar la sentencia del juez federal Martín Cormick, quien determinó la inconstitucionalidad de un decreto presidencial que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, emitida el 6 de octubre, responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas instituciones académicas, incluyendo la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fallo consideró que el decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley al cumplimiento de otra normativa sobre financiamiento, es un mecanismo que excede lo constitucional y asimilable a un veto, lo cual no es aceptable según lo estipulado por la Constitución Nacional. Cormick argumentó que, tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley sin restricciones.

Desde la Casa Rosada, autoridades como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han dejado en claro que no hay intenciones de mantener negociaciones con las universidades y que se preparan para representar legalmente su posición. Desde la Procuración del Tesoro, se observa como primordial el desarrollo de una estrategia para frenar los efectos económicos del fallo y prevenir un desbalance fiscal que, según alegan, podría derivar de la implementación de la ley.

El Gobierno argumenta que ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario requeriría desembolsos superiores a un billón de pesos, un gasto que consideraría poco sostenible. Esta postura ha generado resistencia en el ámbito académico, donde se prevé que la disputa continúe en los tribunales. La tensión refleja un dilema más amplio y recurrente en América Latina respecto al financiamiento de la educación superior.

Este conflicto no es aislado; se inserta en un contexto de debate sobre la relación entre el estado, la educación y la asignación de recursos públicos. La Ley de Financiamiento Universitario había sido promovida como medida para garantizar recursos suficientes para las universidades, pero el actual Ejecutivo considera que la implementación de la misma podría afectar gravemente la estabilidad fiscal del país en un escenario económico desafiante.

A través de este proceso judicial y la subsecuente apelación, se tensiona aún más la relación entre el Gobierno y las instituciones de educación superior, poniendo de manifiesto los diferentes intereses y la necesidad de un equilibrio entre la política fiscal y el acceso a una educación pública de calidad.