El Gobierno apelará fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno argentino se prepara para apelar un fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional un decreto que condicionaba la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Este fallo también ordena al Poder Ejecutivo la adopción de medidas para hacer efectiva la ley, ratificada por ambas Cámaras del Congreso tras el rechazo del veto presidencial.

El decreto en cuestión, el 759/2025, introdujo una cláusula que supeditaba la ejecución de la ley a la asignación de recursos presupuestarios por parte del Congreso. Cormick sostuvo que esta condición actuaba como un veto encubierto que generaba incertidumbres para las universidades, ya que la ley implica financiamiento para salarios, becas, investigación y otras áreas clave.

La Procuración del Tesoro, que coordina el abogado general Sebastián Amerio, ya está trabajando en la estrategia judicial a seguir. Sin embargo, se consideran diversas alternativas para evitar que el cumplimiento inmediato de la ley impacte drásticamente sobre el presupuesto nacional, así como las repercusiones económicas en el corto plazo.

A raíz de este incumplimiento, las universidades han convocado a una nueva marcha federal programada para el 15 de octubre, exigiendo respuestas a sus reclamos. Esto ocurre en un contexto donde el Gobierno reitera que no habrá negociaciones políticas con las instituciones educativas sobre la ley.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que la respuesta del ejecutivo será puramente judicial, desestimando la posibilidad de reuniones con representantes de las universidades. Esta posición se alinea con la intención del Gobierno de mantener control sobre el debate presupuestario, que ya se prevé como complicado en el Congreso para el próximo año.

El fallo y la apelación del Gobierno resaltan las tensiones entre los poderes del Estado en torno al financiamiento educativo y la administración de los recursos públicos. El desarrollo de esta situación podría tener importantes implicancias no solo para las universidades, sino también para la política educativa del país en su conjunto.