El Gobierno aplicó una reducción del gasto del 10% en agosto para mantener el superávit

La administración de Javier Milei ha intensificado su política de ajuste fiscal, con una notable reducción del gasto primario del 10% en agosto de 2026, marcando la baja más significativa del año hasta el momento. Esta decisión surge en el marco de la necesidad de sostener el superávit fiscal exigido por los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando alinear las erogaciones del Estado con la recolección de recursos.

Se estima que la contención sobre las transferencias discrecionales a las provincias y programas sociales ha sido clave para mantener el equilibrio fiscal. En este contexto, la recaudación tributaria logró empatar el ritmo de la inflación, incrementándose un 1,1% en términos reales, aunque con una ligera caída en los tributos vinculados a la actividad económica interna que presionó aún más sobre el gasto del Gobierno.

El informe de la Secretaría de Hacienda indica que, a lo largo del primer semestre, el Estado había acumulado un superávit primario del 0,9% respecto al Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,1%. Sin embargo, el ajustado contexto económico y fiscal ha llevado al Palacio de Hacienda a implementar restricciones sobre las partidas presupuestarias, especialmente en transferencias no automáticas y gastos operativos.

Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, analizó que el comportamiento del gasto público y los ingresos fiscales refleja las dificultades que enfrenta la economía, destacando que sectores estratégicos como el comercio, la industria y la construcción son responsables de cerca del 60% de los ingresos por IVA y Ganancias.

La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a garantizar que el sector público cierre 2026 con un superávit primario de 1,4% del PBI, cifra que ha sido recalibrada en comparación con la proyección inicial del 2,2%. Este enfoque busca reforzar la credibilidad del país ante los organismos internacionales y estabilizar la situación fiscal en un panorama donde la actividad económica aún muestra signos de debilidad.

La continua reducción del gasto podría tener repercusiones sobre el tejido social, especialmente en zonas donde la asistencia estatal es crucial para mantener el bienestar de la población. En la Patagonia, donde la economía se basa en gran medida en transferencias y programas gubernamentales, un ajuste fiscal de tal magnitud podría generar tensiones en diversas comunidades que dependen de estos recursos.