El Gobierno apura negociaciones ante la posible derogación del DNU 70

El enfrentamiento por el DNU 70, un decreto considerado "mega" por su impacto en diversas áreas, se agudiza en el Congreso argentino. Con la oposición organizando una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para debatir su derogación, el oficialismo se encuentra en una posición crítica. Este decreto, considerado el pilar inicial de la gestión del presidente Javier Milei, incluye cambios significativos en la Ley de Tierras, permitiendo la adquisición de terrenos rurales por extranjeros sin restricciones.

Desde la Casa Rosada se subraya que las próximas dos semanas son cruciales para el futuro del DNU 70. La oposición ha unido fuerzas para alcanzar los 133 votos necesarios que podrían llevar a la derogación del decreto, lo que implicaría la restitución de normativas previas que regulan diversas áreas, como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas. Esto podría tener implicancias en políticas de salud y en la regulación del mercado de internet, generando un retorno a medidas que habían sido desreguladas bajo la gestión actual.

Ante este panorama incierto, el gobierno está trabajando para aglutinar apoyos y establecer consensos con sus aliados provinciales. Durante el reciente Argentina Week en París, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con varios gobernadores para discutir estrategias que aseguren el respaldo necesario en el Congreso. Varios mandatarios provinciales han manifestado su disposición a formar un bloque común al oficialismo, resaltando la importancia de una coalición sólida para enfrentar los desafíos legislativos.

Governadores como Alfredo Cornejo, de Mendoza, han señalado que esta alianza podría incluir entre diez y doce provincias, lo que podría ser un factor determinante para la estabilidad del gobierno nacional. Al mismo tiempo, políticos de la oposición, como Rogelio Frigerio, han enfatizado la necesidad de evitar un retroceso hacia políticas populistas y abogan por mantener la estabilidad económica, lo que complica aún más la situación para el gobierno.

En este contexto, el DNU 70 no solo se discute por sus implicaciones directas sobre las políticas territoriales, sino también por el impacto que su derogación tendría sobre la agenda económica y social del país. El oficialismo deberá actuar con rapidez para consolidar sus apoyos y evitar así el colapso de una de las normativas más significativas de su gestión.