El Gobierno argentino denunciará penalmente a petroleras en Malvinas

El Gobierno de Argentina ha decidido dar un paso enérgico respecto a las actividades petroleras en las Islas Malvinas, anunciando la presentación de una denuncia penal contra varias empresas que operan en la cuenca del mar argentino, bajo la controversia de la legislación británica. Esta medida se realiza en el marco de un comunicado oficial y se apoya en la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que establece la protección de los recursos naturales del país.

Las empresas denunciadas incluyen a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El Gobierno argumenta que estas empresas operan en la zona con licencias otorgadas por el Reino Unido, lo que califica de ilegítimo y una violación directa de las normativas argentinas.

La denuncia no solo se dirige a las compañías mencionadas, sino que también alcanza a sus accionistas y a todos los directores y gerentes que hayan participado en estas operaciones. Esto refleja la intención del Ejecutivo de ejercer un control más fuerte sobre lo que considera la usurpación de recursos pertenecientes a la Argentina.

El anuncio se produce tras la ampliación de las actividades de la petrolera israelí en el área hidrocarburífera alrededor de las Islas Malvinas, un hecho que fue severamente criticado por el Gobierno. En diciembre de 2025, la mencionada empresa había revelado planes de expansión, lo que provocó un creciente malestar en la política local respecto a la soberanía de las Malvinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ha subrayado que estas acciones constituyen intervenciones ilegítimas del Reino Unido, contrarias a las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a cesar cualquier acción unilateral en la región. Recientemente, el portavoz presidencial reafirmó el compromiso de la administración nacional de proteger los recursos naturales mientras se realicen negociaciones sobre la soberanía de las islas.

En adición a la denuncia penal, el Gobierno también planea incluir en el presupuesto del año 2027 asignaciones para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, lo que indica un fortalecimiento de la presencia militar y administrativa en la región. Con estas acciones, el Gobierno refuerza su postura de defensa de la soberanía nacional sobre el área en cuestión.