El Gobierno avanza con la privatización de AySA y analiza ofertas de consorcios

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por parte del Gobierno avanza con la apertura de las ofertas económicas programada para el 8 de octubre. La administración actual pretende recaudar alrededor de USD 500 millones mediante la venta del 90% del paquete accionario de la empresa, aunque se estima que las propuestas financieras de los consorcios involucrados se situarán por debajo de esa cifra.

Los consorcios habilitados para concurrir en esta licitación son liderados por Rowing y el Grupo Roggio. Rowing, una firma argentina con experiencia en obras de infraestructura, tiene entre sus accionistas al empresario Walter Román y también incluye a Transclor, proveedor clave de AySA, lo que genera un interés particular por parte de quienes encuentran un potencial beneficio en la relación comercial con la empresa privatizada.

Por su parte, el consorcio liderado por el Grupo Roggio, que se ocupa de diversas áreas de infraestructura, trae consigo una sólida trayectoria en la operación de servicios de agua y saneamiento, como se observa en su gestión de Aguas Cordobesas en Córdoba. Aldo Roggio, su principal figura, enfrenta actualmente cargos judiciales, lo que genera un contexto de controversia en torno a su participación.

Las dos propuestas en competencia no solo están dirigidas por empresas locales con experiencia, sino que también involucran a actores internacionales. En el caso de Rowing, se suma la participación de Arcos, una empresa brasileña, y PHX, un fondo de inversión europeo, que expande las raíces intercontinentales de los competidores por el control de AySA.

La privatización de AySA ocurre en un contexto donde la empresa pública enfrenta constantes desafíos financieros y operativos, lo que ha llevado al Gobierno a buscar soluciones a través de la participación del sector privado. Esta medida genera inquietud en sectores sociales y políticos, que ya han advertido sobre el impacto que podría tener en el acceso al agua y el saneamiento en un país donde estos servicios son críticos.

El próximo paso será el análisis de las propuestas en función de criterios económicos y operativos que el Gobierno establezca, así como la evaluación de implicaciones sociales y tarifarias que la privatización conllevaría. La apertura de sobres del 8 de octubre marcará un hito significativo en este proceso, que avanza en un clima de expectativas mixtas.