El Gobierno estableció normas para la privatización de empresas estatales

El actual Gobierno, liderado por Javier Milei, ha dado un nuevo paso en su política de privatización al publicar la Disposición 52/2026 en el Boletín Oficial. Esta normativa establece los procedimientos que deberán seguir los interesados para participar en las subastas públicas de empresas estatales que se privatizarán.

La normativa busca implementar lo establecido en la Ley de Bases y la Ley de Reforma del Estado, las cuales han declarado a varias empresas sujetas a privatización. Entre las entidades que podrían ser objeto de esta medida se encuentran Corredores Viales, Belgrano Cargas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Estas privatizaciones se enmarcan dentro de un proceso que busca desprender al Estado de ciertas inversiones y operaciones económicas.

El nuevo procedimiento exige que los interesados se registren a través de un sistema electrónico llamado SUBAST.AR. Esta plataforma está diseñada para manejar la subasta pública de activos, acciones y establecimientos productivos de manera centralizada y eficiente. La medida busca dar un marco más ágil al proceso de venta de activos estatales y garantizar la transparencia en las transacciones.

Los potenciales participantes deberán cumplir con ciertos requisitos para ser admitidos en el registro. La disposición también prevé beneficios para aquellas empresas que ya mantengan algún tipo de relación contractual con el Estado, lo que podría facilitar su integración en el nuevo esquema de privatización.

La vigencia de la normativa está programada para comenzar el 30 de julio, lo que marca un hito importante en la implementación del plan de privatización del Gobierno. La intención es cumplir con la legislación vigente y avanzar en la desinversión del Estado en sectores que tradicionalmente han estado bajo su control.

Esta política de privatización se alinea con la visión del actual Gobierno de reducir el déficit fiscal y promover la inversión privada como motor de crecimiento. En la región patagónica, esta medida podría tener un impacto significativo en sectores como el transporte y los servicios públicos, alterando la dinámica de empresas que, en algunos casos, han sido pilares de la economía regional.

A medida que se implementen estas regulaciones, se espera que surjan más detalles sobre las empresas específicas que serán subastadas y los procedimientos adicionales que se adoptarán. Esto generará un interés considerable tanto local como nacional por el futuro de estos activos estatales.