El Gobierno busca impulsar la construcción para reactivar la economía del país

El Gobierno argentino, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, está centrando sus esfuerzos en el sector de la construcción como motor para estimular la actividad económica en el segundo trimestre del año. Caputo ha declarado que se esperan los "mejores 18 meses" gracias a iniciativas como la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, cambios bajo el programa denominado Inocencia Fiscal y el diálogo abierto con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco).

En un contexto de negociación, se han propuesto medidas para saldar deudas con contratistas estatales y se busca promover la construcción de viviendas accesibles para la clase media. Esto incluye fórmulas como la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) para facilitar el crédito hipotecario. A su vez, el viceministro José Luis Daza ha señalado que el Ministerio está evaluando distintas opciones para agilizar el acceso al crédito tanto en pesos como en dólares, aunque algunas propuestas están siendo revisadas sin avanzar en el tiempo esperado.

El secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, tiene un papel clave en las conversaciones con la Cámara de la Construcción, especialmente tras la salida de Carlos Frugoni de su cargo. Herrmann está agendado para mantener una reunión importante el martes con los representantes de Cammarco, donde se tocarán detalles sobre un bono que permitiría cancelar deudas acumuladas con contratistas por hasta 220.000 millones de pesos.

Sin embargo, este bono ha suscitado dudas en las empresas, ya que representa una aceptación de renuncia a otros reclamos que pudieran tener ante el Estado. Según informes internos, algunas empresas podrían optar por adherir al bono, pero otras podrían resistirse debido a que sus reclamos no han sido satisfechos completamente. La incertidumbre sobre la adhesión plantea dudas sobre la viabilidad de esta estrategia para resolver deudas críticas en el sector.

Además del bono, se han analizado propuestas más amplias, como la posibilidad de que los recursos obtenidos de la venta de acciones del FSG sean utilizados para financiar hipotecas, de esta manera potencialmente dirigidos entre 15.000 y 20.000 millones de dólares a este fin. La idea busca facilitar el acceso al crédito hipotecario, un factor crítico en el contexto de crisis habitacional que atraviesa el país.

Por otro lado, la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ha enfrentado demoras significativas. El Gobierno decidió aplazar su comienzo hasta noviembre de 2026, lo que podría requerir posteriores aprobaciones legislativas si la situación fiscal no mejora. En resumen, el diálogo abierto entre el Gobierno y el sector de la construcción refleja la diversidad de intereses en juego y la necesidad de una respuesta coordinada ante las dificultades económicas actuales.