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El Gobierno busca recaudar US$ 1.000 millones con nuevas privatizaciones

El Gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, prevé recaudar más de US$ 1.000 millones a través de la venta de activos públicos antes de fin de año. Estos fondos serán destinados a cubrir deudas acumuladas hasta 2027, donde se prevé un alto compromiso financiero.

Por Naira Torres Bel3 min de lectura
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El Gobierno busca recaudar US$ 1.000 millones con nuevas privatizaciones

El Gobierno argentino ha intensificado sus esfuerzos para llevar a cabo una nueva ronda de privatizaciones, buscando recaudar más de US$ 1.000 millones antes de fin de 2026. Esta medida se enmarca en la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar las necesidades financieras del país ante el creciente cronograma de vencimientos de deuda provenientes de distintos paquetes crediticios locales e internacionales.

Los planes del Ejecutivo se están coordinando a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), bajo la dirección de Diego Chaher. Entre los activos a ser privatizados se encuentran participaciones en centrales termoeléctricas, AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) e Intercargo, además de la licitación de infraestructura vial y aeroportuaria. Estos activos se consideran de gran relevancia estratégica y están valorados como "ticket grande" para el gobierno.

Por otro lado, Argentina enfrenta vencimientos de deuda significativos, calculados en US$ 15.700 millones de capital y US$ 9.200 millones en intereses hasta 2027. Para enfrentar estos compromisos financieros, se han planteado varias soluciones, incluyendo financiamiento de organismos internacionales, deuda local y, en especial, los ingresos derivados de las privatizaciones que deberían alcanzar al menos US$ 1.500 millones.

La primera parte de este proceso de privatizaciones ya dio sus frutos con la venta de la red de Transener, por US$ 356 millones, y la concesión de hidroeléctricas realizadas en el primer semestre del año. Este ingreso es clave para que el Ministerio de Economía pueda estabilizar su situación financiera antes de que los debates políticos por las elecciones de 2027 influyan en el clima de inversiones.

Las acciones del Gobierno en este sentido buscan además asegurar una base de recursos más sólida que permita manejar los desafíos económicos que enfrentará el país en los próximos años. El apuro en este proceso responde a la presión por cumplir con los compromisos económicos y a las proyecciones que advierten sobre un aumento significativo de la deuda desde el 2027, que alcanzaría los US$ 24.900 millones.

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