El Gobierno cede ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por 20 años

El Gobierno argentino formalizó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a empresas del sector privado, tras la licitación pública llevada a cabo en el marco de la privatización de Corredores Viales. La Resolución 1379/2026, emitida por el ministro de Economía, Luis Caputo, detalla las empresas que se encargarán de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de estas rutas durante un periodo de 20 años, bajo un régimen de concesión por peaje.

Los tramos adjudicados abarcan un total de más de 3.900 kilómetros y están distribuidos en distintas provincias, añadiendo a los más de 9.000 kilómetros ya licitados en etapas anteriores. Las rutas concesionadas incluyen regiones estratégicas del país, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y las del norte y oeste argentino, donde la transitabilidad es fundamental para el desarrollo económico y social.

Los consorcios ganadores fueron seleccionados con base en tarifas específicas para cada tramo, que van desde los $1.399 para el tramo Centro hasta $3.564,99 para el tramo Mesopotámico. Esta diversidad de tarifas refleja las características y necesidades de cada corredor, así como la competencia entre las empresas que pujan por su gestión. Entre los adjudicatarios se encuentran empresas de construcción reconocidas como Afema S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles.

Cabe mencionar que se aplicaron criterios de compatibilidad que limitaron la cantidad de tramos que un mismo oferente podía adjudicarse individualmente. Algunas propuestas fueron declaradas inadmisibles, incluidas ofertas significativas, lo que subraya la intención de fomentar la competencia en el proceso licitatorio.

Este proceso se inscribe en el contexto de la Ley Bases, que conllevó a la decisión de privatizar la empresa Corredores Viales. El Decreto 97/2025 estableció el marco regulatorio para llevar a cabo esta privatización mediante concesiones de obra pública, enfocándose en una gestión más eficiente de la infraestructura vial nacional.

Con esta nueva etapa de concesiones, el Gobierno busca mejorar la calidad de las rutas nacionales y facilitar el transporte de bienes y personas, un aspecto clave para el crecimiento del comercio y la conectividad en el país. Se espera que la implementación de estas concesiones genere un impacto positivo en la reducción de costos de logística y en el acceso a mercados regionales.