El Gobierno defendió la reducción de 81.000 empleos estatales en el Presupuesto 2027

El equipo del Ministerio de Desregulación del Gobierno nacional presentó su defensa del recorte de 81.000 empleos en la Administración Pública durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Este ajuste corresponde a un 16% de disminución en la dotación total de personal desde diciembre de 2023.

Los secretarios Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace expusieron que la reducción en la planta estatal tiene como objetivo generar un ahorro significativo y sostenido, que estimaron en unos 15.000 millones de pesos anuales. Fariña detalló que las reestructuraciones han llevado a una disminución de ministerios de 18 a 8 y de organismos de 117 a 91, así como una baja en las autoridades superiores de 307 a 192. Esta reestructuración, según los funcionarios, garantiza que no se reemplazarán los puestos eliminados y rebaja costos administrativos.

En su intervención, Cacace añadió que la propuesta de ajuste también está vinculada a las reformas en la Ley de Bases, una serie de cambios legislativos que busca modernizar el funcionamiento del Estado. Destacó específicamente la eliminación del "barril criollo", que afectaba la regulación del precio del petróleo, y proyectó que en un futuro el sector energético podría igualar la capacidad exportadora del agro.

Como parte de la estrategia de reestructuración, se anunció una nueva convocatoria a retiros voluntarios del 1 al 30 de noviembre, tras haber obtenido la adhesión de más de 5.200 personas en la primera convocatoria. Además, se prevé la creación de un sistema único para la liquidación de sueldos del Estado, que actualmente opera en más de 150 plataformas distintas.

La oposición, representada por la diputada Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, criticó los recortes, especialmente en la gestión de Vialidad Nacional, advirtiendo sobre las potenciales repercusiones en la infraestructura y el mantenimiento de rutas en el país. El sector de la construcción y el transporte, vital para la economía patagónica y nacional, podría verse amenazado si se continúan con las desregulaciones y recortes.

El debate sobre el Presupuesto 2027 se encuentra en una fase crítica, dado que las decisiones tomadas afectarán no solo al sector público sino también a áreas esenciales para el desarrollo económico del país. Con una expectativa de crecimiento en la economía, la implementación de estas políticas será fundamental para definir el rumbo administrativo del Gobierno en los próximos años.