El Gobierno defiende concesiones de rutas sin aclarar destino de fondos

El Gobierno nacional, a través de su vocero Adrián Ravier, presentó su postura sobre el cambio de paradigma en la gestión de las rutas nacionales, impulsando un sistema de concesiones privadas en lugar de financiar las obras con recursos públicos. En una rueda de prensa llevada a cabo en Casa Rosada, Ravier no proporcionó información concreta respecto al destino de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), que están generando gran preocupación entre los actores políticos y sociales.

El SisVial, establecido por el Decreto 976/2001 y alimentado por la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles, debería destinar sus recursos exclusivamente a obras viales. Sin embargo, el vocero presidencial insinuó que estos fondos se estarían utilizando para el equilibrio fiscal del Ministerio de Economía, lo que ha suscitado críticas y dudas sobre la transparencia en la asignación de recursos. Hasta el momento, más de $1 billón se encuentra en instrumentos financieros, pero Ravier no especificó detalles sobre su gestión ni los plazos de ejecución en obras viales.

Ravier argumentó que "poner dinero en las rutas en un Estado quebrado no es sencillo", y propuso el modelo de concesiones como una solución exitosa adoptada en otros países. Este tipo de enfoque plantea el desafío de atraer inversión privada para la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, despojando la responsabilidad financiera del Estado a los contribuyentes. Asimismo, el vocero justificó la subejecución de los impuestos viales atribuida a irregularidades de gestiones anteriores, señalando que hay investigaciones judiciales en curso sobre el uso de esos fondos.

La crítica hacia la administración saliente también incluyó el impacto del déficit fiscal heredado, que asciende a entre 5 y 6 puntos del PBI, además de otros 10 puntos de déficit cuasifiscal. Ravier explicó que la elevada inflación y el riesgo país complican la adjudicación de obras a largo plazo, lo que puede contribuir a la falta de acción inmediata en la recuperación del estado de las rutas.

En este panorama, la falta de claridad sobre la aplicación de los fondos y el enfoque hacia la concesión privada ha generado un clima de incertidumbre en la sociedad y entre los dirigentes locales, que necesitan garantías sobre la mejora y mantenimiento de la infraestructura vial, vital para la economía regional. Los desafíos económicos que enfrenta el país influirán sin duda en el futuro de las negociaciones y en la calidad de las rutas.

A medida que los fondos siguen sin ser detallados, el tema de la infraestructura vial seguirá siendo un punto de tensión entre el gobierno nacional y las provincias, especialmente en regiones donde la red de caminos es crucial para la actividad económica y el desarrollo local.