El Gobierno define prioridades legislativas, el nuevo Código Penal se posterga

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha reafirmado su compromiso de avanzar en diversas reformas legislativas, aunque ha decidido relegar la discusión sobre el nuevo Código Penal. Este proyecto, que había tomado impulso a comienzo de año, se encuentra en un estado de espera debido a diferencias internas en su formulación y prioridades establecidas por el Ejecutivo.

Las iniciativas que el Gobierno busca impulsar incluyen el Súper RIGI, diseñado para atraer inversiones, así como una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ha avanzado tras un acuerdo con la oposición sobre la venta de tierras a extranjeros. También se incluye la modificación del sistema electoral, con miras a eliminar las PASO, y una serie de modificaciones relacionadas con subsidios, especialmente en sectores energéticos.

En la Cámara de Diputados, el Gobierno tiene programado debatir a fines de agosto cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y aspectos vinculados con la Inocencia Fiscal, que son considerados fundamentales por la administración actual. Estos temas han tomado prioridad sobre la reforma penal, evidenciando la necesidad de resolver cuestiones económicas antes de abordar modificaciones en el sistema penal del país.

A pesar de que la titularidad del proyecto del nuevo Código Penal había pasado a manos de Juan Bautista Mahiques al asumir como ministro de Justicia, su estrategia ha cambiado sustancialmente. Mahiques optó por revisar el texto previo y sugirió un enfoque diferente, proponiendo no presentar un Código completo, sino un paquete no demasiado extenso centrado en el endurecimiento de penas por delitos específicos. Esta idea ha suscitado tensiones dentro del Gobierno, en particular con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien sostiene que el enfoque original podía ser más efectivo.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha estado intercambiando propuestas con la Secretaría de Legal y Técnica, buscando alcanzar un consenso. Sin embargo, las diferencias entre las partes aún persisten, lo que ha dificultado la finalización de una versión del proyecto.

Las intenciones actuales del Gobierno incluyen la inclusión de nuevos delitos en este enfoque revisado, como las estafas piramidales y diversas modalidades de delitos relacionados con la tecnología y el crimen organizado. Estas propuestas buscan no solo modificar las penas existentes, sino también abordar aspectos específicos del narcotráfico y otros delitos financieros complejos.

Así las cosas, el futuro del nuevo Código Penal sigue siendo incierto, mientras el Gobierno se enfoca en otros temas legislativos considerados críticos para su agenda. La situación resalta tanto la complejidad del proceso legislativo como las tensiones internas que dificultan el avance de reformas esperadas por diversos sectores de la sociedad.