El Gobierno destina gran parte de fondos hídricos a inversiones financieras

El Ministerio de Economía de Argentina admitió que entre 2024 y mayo de 2026, solo se ejecutaron $ 116 mil millones de los $ 375.400 millones recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para proyectos hídricos. Esta situación ha generado preocupación, ya que el 69% restante de los fondos fue destinado a Letras del Tesoro y otros instrumentos de deuda. La falta de inversión ha provocado la parálisis de obras fundamentales que podrían haber mitigado inundaciones en diversas regiones del país.

Bajo la administración de Javier Milei, la estrategia fiscal ha priorizado la acumulación de recursos en lugar de la inversión en infraestructura esencial. Este enfoque ha llevado a dejar de lado el mantenimiento de rutas y la canalización de ríos y arroyos, afectando la gestión hídrica en un país propenso a desastres naturales. A pesar de la clara afectación de estos fondos para obras hídricas, solo 31% ha sido realmente destinado a su fin original, según datos oficiales presentados a través de un pedido de acceso a la información.

El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001 y ratificado en 2006, debería destinarse exclusivamente a proyectos de recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones, recibiendo el 4,31% de lo recaudado por el ICL. Sin embargo, el gobierno actual ha utilizado los recursos de forma discrecional y en muchos casos como herramienta de negociación en el Congreso. Esta estrategia se ha observado en el otorgamiento de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a ciertas provincias justo en momentos críticos para asegurar apoyos legislativos.

Este uso político de los fondos ha suscitado un clima de tensión, especialmente cuando se fracasó en 2025 una ley que proponía que las provincias participaran en la coparticipación del tributo a los combustibles. Las obras claves para la infraestructura hídrica han quedado paralizadas y, en un contexto donde las inclemencias climáticas son cada vez más frecuentes, la falta de inversión en este sector resulta preocupante para la seguridad y bienestar de muchas comunidades.

La subejecución de los fondos destinados a obras hídricas plantea serias interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de inversión en infraestructura esencial, especialmente en un país suscripto a compromisos internacionales en torno a la gestión del agua y la prevención de desastres. A medida que avanza el año, queda por verse si se tomarán medidas para revertir esta situación y atender las necesidades de infraestructura hídrica que afectan a muchas regiones.

La comunidad y diversos actores de la sociedad civil están comenzando a manifestar su preocupación, llamando a una mayor transparencia y un uso más efectivo de los recursos asignados a obras que son esenciales para la prevención de desastres naturales en el país.