El Gobierno determinó nuevos aumentos para el salario mínimo desde septiembre de 2026

El Poder Ejecutivo Nacional anunció un nuevo esquema de incrementos para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. Estos aumentos son escalonados y entran en vigor desde el 1 de septiembre de 2026, con previsión de subas mensuales hasta abril de 2027. Esta decisión se tomó unilateralmente después de que no se lograra un consenso paritario en el Consejo del Salario, donde se reunieron representantes sindicales y empresariales.

Según el cronograma oficial, el salario mínimo mensual se fijará en $383.800 para septiembre, lo que implica un valor por hora de $1.919 para los trabajadores jornalizados. A partir de octubre, el monto ascenderá a $391.200, y continuará aumentando en los meses siguientes: $398.800 en noviembre, $406.400 en diciembre, y se prevé que alcance $414.200 en enero de 2027, llegando a $437.000 en abril ($2.185 la hora).

Los aumentos establecidos aplican a los trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional. Es importante destacar que las asignaciones familiares no están incluidas en este cálculo y que aquellos con jornadas reducidas recibirán un pago proporcional.

Un contraste significativo surge al comparar estos ingresos con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar la pobreza, una familia tipo necesitó más de $1.560.000 mensuales. En este contexto, el salario mínimo de septiembre resulta ser inferior a una cuarta parte de este monto. De igual manera, el ingreso mínimo no logra alcanzar la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se establece en $708.016 mensuales, marcando la línea de indigencia.

Estos índices reflejan la delicada situación económica en la que permanece gran parte de la población, puesto que a pesar de las incrementos programados, el nuevo salario mínimo nominal seguirá significativamente por debajo del umbral necesario para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de una familia tipo.

Dicho contexto plantea la necesidad de considerar nuevas estrategias de políticas públicas que garanticen una mejora sustancial en el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, especialmente en un entorno inflacionario que limita el poder adquisitivo y el bienestar general de la población.