El Gobierno enfrentará multas por incumplimiento de la Ley de Educación Universitaria

El juez federal Martín Cormick ha tomado una decisión que implica que el Gobierno deberá enfrentar multas diarias como consecuencia de no haber cumplido con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La resolución se da a pocas horas de llevarse a cabo una marcha en defensa de la educación pública. Se señala que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es la persona directamente responsable de esta falta debido a su rol en la administración del Ejecutivo.

La decisión de Cormick se basa en un fallo previo emitido por él mismo en el que declaró como inconstitucional un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba eludir las obligaciones establecidas por la LFEU, la cual ya había sido aprobada por el Congreso. A finales de la semana pasada, la Casa Rosada había apelado este fallo, sin embargo, el juez aseguró que seguiría adelante con la ejecución de la medida cautelar que establece la obligación de efectuar pagos a docentes y no docentes, así como la concesión de becas.

La medida cautelar dictada por Cormick el año pasado fue ratificada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y en junio se reafirmó al ser desestimados los planteos del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema. En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó al juez que aplicara astreintes diarias debido a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno. Cormick había anticipado esta posibilidad previamente, indicando que se deberían fijar multas diarias a Santilli, quien es el encargado de garantizar el cumplimiento normativo.

Las astreintes iniciales se establecerán en 100 mil pesos diarios. Cormick ha manifestado que este acto no solo implica una sanción monetaria, sino que también señala a una autoridad específica en vez de dejar la responsabilidad en el Estado de manera genérica. Esto podría tener implicaciones futuras, en función de cómo el Gobierno reaccione ante esta situación.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, destacó la importancia de que se haya responsabilizado a un funcionario competente en vez de emitir sanciones difusas. La situación actual continúa desarrollándose en el marco de un proceso judicial que queda abierto, y se espera que estas medidas conduzcan a una resolución más efectiva de las problemáticas relacionadas con la financiación de la educación pública en el país.