El Gobierno español avanzará en un decreto para regular alquileres y aumentar viviendas asequibles

El Gobierno de España se encuentra en la etapa final de elaboración de un decreto ley destinado a controlar los alquileres y aumentar la oferta de viviendas asequibles. Las medidas que se anticipan incluyen, entre otras, la extensión de dos años de los contratos que expiren antes del 30 de junio de 2028 y la regulación de los alquileres de temporada, así como incentivos fiscales para los propietarios que opten por ajustar hacia abajo sus precios. Este anuncio coincide con la presentación del balance político por parte del presidente Pedro Sánchez, previsto para el próximo martes.

Uno de los objetivos principales de estas reformas es ofrecer estabilidad a los inquilinos y limitar el fraude en la actividad de alquiler. Este conjunto de medidas abordará la necesidad de un marco regulatorio más sólido para los alquileres temporales, anhelado por organizaciones sociales y de inquilinos que han presionado para su implementación, aunque se ha encontrado con resistencias políticas en el Congreso.

El decreto también contempla beneficios fiscales, como bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres, lo cual se considera crucial para motivar cambios en el mercado. Sin embargo, se ha generado controversia en torno a la inclusión de estos incentivos fiscales, dado que algunos sectores de la izquierda han tradicionalmente rechazado estas medidas, acusándolas de favorecer a los propietarios en lugar de a los inquilinos.

En lo que respecta a la regulación del alquiler de temporada, el decreto buscaría normar esta actividad bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, implementando condiciones que deberán cumplir para evitar abusos y elusiones a la normativa vigente. Además, se ha propuesto aumentar el IVA a los alquileres turísticos al 21%, con el fin de desincentivar su uso en favor de soluciones de alquiler residencial.

Asimismo, el borrador del decreto incluye modificaciones a la ley del suelo, con el objetivo de acelerar la construcción de viviendas. Esto responde a un reclamo que trasciende las diferencias políticas entre los distintos partidos, dado que varios alcaldes de distintas agrupaciones también han pedido estos cambios para facilitar el desarrollo urbano.

Para que este decreto se valide en el Congreso, el Gobierno necesitará al menos la abstención de los representantes de Podemos. Sin embargo, la formación ha manifestado su resistencia a aquellas partes del texto que impliquen una reforma de la ley del suelo, considerando que esto podría fomentar prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.