El Gobierno excluye la venta de tierras a extranjeros en nueva ley de propiedad
El Gobierno avanzará con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, excluyendo la venta de tierras a extranjeros. La normativa, que será votada este jueves, contempla desalojos exprés y limitaciones en expropiaciones.

El Senado argentino se prepara para la votación de una nueva ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ha suscitado un intenso debate entre legisladores. La iniciativa, impulsada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se ha visto modificada en respuesta a la falta de apoyo suficiente para incluir la polémica cuestión de la venta de tierras a extranjeros, la cual finalmente ha sido eliminada.
El proyecto, que se votará este jueves, mantiene otros aspectos controvertidos como la agilización de los desalojos. A partir de esta legislación, los propietarios podrán iniciar un procedimiento sumarísimo para desalojar a inquilinos y ocupantes que no cumplan con sus obligaciones de pago. En particular, si un inquilino no abona su renta, el propietario tiene el derecho a notificarle, brindándole un plazo de hasta diez días para regularizar la deuda antes de iniciar acciones judiciales.
Uno de los puntos más delicados del proyecto es que, en caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o ancianos en la vivienda, se le otorgarán hasta diez días para buscar una solución habitacional antes de proceder con el desalojo. Sin embargo, este proceso puede continuar independientemente de la situación de vulnerabilidad de los ocupantes, lo que ha generado críticas de diversas organizaciones sociales.
Además, en el marco de la Ley de Manejo del Fuego, se mantienen ciertas restricciones sobre el uso de terrenos que hayan sido afectados por incendios. Aunque se eliminará una prohibición de 30 años sobre el cambio de uso de tierras quemadas, el proyecto respetará la categoría de conservación de estos bosques nativos, impidiendo que se realicen cambios de uso que pudieran impactar negativamente en el medio ambiente.
El enfoque del Gobierno parece ser, por un lado, facilitar la recuperación de propiedades para los propietarios y, por el otro, reducir la duración de los juicios de desalojo. Esto responde a un contexto social y económico complejo en Argentina, en donde muchos propietarios enfrentan dificultades por la morosidad en los pagos de alquiles, mientras que por el lado de inquilinos se genera preocupación por la inestabilidad que puede acarrear este tipo de normativas.
La contención de la especulación inmobiliaria y la protección de los derechos de los inquilinos son puntos críticos que quedarán en el centro del debate legislativo. Con el avance de esta ley, se abre el interrogante acerca del equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de aquellos que alquilan, en un fenómeno que se torna cada vez más relevante en el contexto urbano argentino.
Queda por verse cómo se implementarán las nuevas disposiciones, y de qué manera afectarán el mercado del alquiler y los derechos de los inquilinos en un país donde la vivienda es un tema urgente y delicado.