El Gobierno impulsa un plan para licitar rutas y reactivar el crédito privado

El Ministerio de Economía de Argentina, liderado por el ministro Luis Caputo, está diseñando un plan para licitar corredores viales que no requiera inversión del Tesoro, apoyándose completamente en el sector privado. Esta propuesta surge como respuesta a prolongados reclamos de gobernadores y sectores productivos que demandan una mejora en la infraestructura vial y el acceso al crédito.

Las reformas se centran en la reparación de las rutas nacionales y la apertura de nuevas líneas de financiamiento. El modelo propuesto incorpora un sistema de peaje incremental, donde coexistiría un peaje base destinado al mantenimiento de las rutas, y una tarifa adicional que se aplicaría para financiar obras nuevas. Este esquema se aplicaría a rutas concesionadas, como las rutas 3, 5 y 7, y evitaría la parálisis en la ejecución de obras que caracterizó el pasado.

Además del peaje incremental, el gobierno está considerando el esquema de Valor Presente de Ingresos (VPI), por el cual una constructora podría licitar un monto fijo y, una vez recaudado lo estipulado a través del peaje adicional, la concesión concluiría automáticamente. Esta estrategia busca proporcionar un marco claro y seguro para los inversores.

Simultáneamente, se prepara una modificación de la Ley de Mercado de Capitales que facilitaría a las pequeñas y medianas empresas acceder a financiamiento utilizando sus activos reales como garantía crediticia. Se pretende que estos cambios reduzcan los costos de financiamiento bancario y bursátil, un paso necesario dado que los préstamos hipotecarios en Argentina son bajos en comparación con otros países de la región. Actualmente, menos del 1% del PBI está destinado a créditos hipotecarios, frente al 28% en Chile.

El gobierno considera estas medidas como "reformas de plomería" estructural que buscan desatascar el sistema crediticio, que actualmente presenta indicadores muy por debajo de las expectativas. La necesidad de mejorar el acceso al crédito es urgente, dado que solo un 37% de la población cuenta con tarjetas de crédito. Para que estas iniciativas prosperen, se requerirá el apoyo de gobernadores e intendentes, quienes también deberán alinear sus intereses con las políticas nacionales.