El Gobierno lanza la licitación para privatizar líneas ferroviarias
El Gobierno argentino autorizó una licitación para privatizar tres líneas de trenes, buscando que empresas privadas gestionen la infraestructura ferroviaria. Los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre de 2026.

El Gobierno nacional ha dado un importante paso hacia la privatización del servicio ferroviario al autorizar, a través de la Resolución N° 1350/2026, la licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para modernizar y administrar la infraestructura ferroviaria del país mediante la participación del sector privado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comunicada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
El proceso de licitación abarcará una extensa red de 7.594 kilómetros operativos repartidos en 16 provincias, siendo fundamental para conectar diversas regiones del país con cinco fronteras internacionales. La convocatoria se efectúa de manera totalmente digital a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, donde los interesados pueden acceder a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, así como a las especificaciones técnicas de cada línea.
Las fechas clave del cronograma estipulan que los interesados tienen hasta el 28 de octubre para realizar consultas sobre los pliegos, mientras que la presentación de ofertas se deberá hacer antes de las 09:59 horas del 11 de noviembre. Ese mismo día, a las 10:00 horas, se realizará el acto público de apertura de ofertas, bajo la supervisión de una Comisión Evaluadora especialmente designada.
Un aspecto significativo de esta licitación es la cláusula que prohíbe explícitamente la participación de empresas controladas por Estados extranjeros, limitando el ingreso de firmas estatales de otros países al proceso de privatización. Esta medida responde a la intención del Gobierno de asegurar que la administración quede en manos de empresas privadas nacionales.
El esquema de privatización establece que los concesionarios asumirán el control de las vías y terrenos aledaños, además de tener la opción de adquirir el material rodante, ya sea a través de una subasta pública o dentro de los contratos establecidos. Los ingresos para las empresas adjudicatarias se generarán por el cobro de tarifas a operadores ferroviarios y la explotación de los inmuebles cercanos a las trazas, sin dependencia de subsidios estatales.
En este contexto, el Poder Ejecutivo también habilitó que las inversiones en modernización y desarrollo de la infraestructura ferroviaria puedan calificar para beneficios fiscales bajo el Régimen de Incentivos a la Inversión. Esto busca atraer más interés en el sector privado en un momento crucial para la actualización del sistema ferroviario argentino, que busca mejorar su eficiencia y servicio para el comercio y la movilidad regional.