El Gobierno nacional implementa un nuevo régimen de retiro voluntario para estatales

El Gobierno de la Nación ha diseñado un nuevo régimen de retiro voluntario, dirigido a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, que se implementará a partir del 1 de noviembre de 2026. Este programa, establecido mediante el Decreto 1203/2026, prevé la inclusión de personal de planta permanente y aquellos con contratos laborales por tiempo indeterminado. La inscripción para este régimen estará abierta hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de una extensión adicional de 30 días.

Según declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se estima que alrededor de 20 mil empleados podrían acogerse a esta opción. Sin embargo, no todos los organismos estatales se verán afectados; quedan excluidos sectores como las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Servicio Exterior, áreas de inteligencia, así como organismos descentralizados que ya han implementado sus propios programas de retiros.

El nuevo esquema de retiro voluntario presenta diferentes modalidades de compensación según la edad y situación previsional de los trabajadores. Aquellas mujeres que tengan 58 años y los hombres con 63, que no cumplan con los requisitos jubilatorios, podrán optar por recibir una suma única o un pago equivalente al 60% de su salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses. Para quienes se aproximen a la jubilación, se prevé una compensación por cada año de antigüedad, mientras que los empleados más jóvenes podrían recibir hasta 20 salarios, sumando adicionales por años de servicio.

Es importante mencionar que aceptar este retiro implica el cese definitivo de la relación laboral, así como la eliminación del cargo en el presupuesto estatal correspondiente. Además, quienes opten por este programa no podrán volver a ser empleados en el sector público nacional durante un lapso de ocho años. La norma estipula que cada jurisdicción tiene el derecho de rechazar las solicitudes si consideran que la salida del trabajador puede afectar el funcionamiento del servicio.

Las solicitudes serán evaluadas dentro de los 40 días corridos tras el cierre de inscripciones, y si no existe una respuesta explícita, se dará por rechazada la petición. Por otro lado, los gastos derivados de las compensaciones serán cubiertos por los presupuestos de las diferentes jurisdicciones involucradas en el programa.

Este nuevo régimen se inscribe en un contexto de reforma del Estado que ha sido promovido por diversas administraciones, buscando una optimización del gasto público y la reorganización de recursos humanos en la administración pública, aspectos que cobran especial relevancia en la actual coyuntura económica del país.