El Gobierno nacional refuerza presupuesto universitario tras fallo de la Corte

El Gobierno nacional ha oficializado la ampliación del Presupuesto 2026, aumentando la cifra total a más de $4 billones mediante el Decreto 594/2026, que incluye una significativa asignación de $1,33 billones para el programa de Desarrollo de la Educación Superior. Esta decisión se produce en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema, exigiendo el respeto a la Ley de Financiamiento Educativo, la cual fue sancionada en 2025 pero originalmente vetada por el presidente Javier Milei.

Firmado el 16 de julio, el decreto busca asegurar la continuidad de servicios esenciales dentro del sector educativo, destinando la gran mayoría de los fondos a las universidades nacionales. Estas asignaciones también estarán enfocadas en el fortalecimiento de la política salarial para docentes y no docentes, además de ampliar el financiamiento para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

La Corte Suprema, al rechazar el último recurso del Ejecutivo, dejó firme la cautelar que permite el cumplimiento de esta ley, lo que fue recibido con expectativas por los rectores universitarios, quienes calculan que se necesitará una recomposición salarial del 25%. Sin embargo, desde el Gobierno se informó que no se tomará una decisión inmediata respecto a la distribución de estos fondos, lo que genera incertidumbre sobre el timing de la implementación.

El decreto 594/2026 también contempla la reasignación de partidas en otras áreas, incluyendo un incremento significativo para la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros. En total, el decreto destina $49.261 millones a la SIDE, $111.138 millones al Poder Judicial y $230.460 millones al Ministerio Público.

En contraposición, se registran recortes significativos en dos empresas públicas: Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina, que experimentarán reducciones de $238.395 millones y $65.000 millones respectivamente, lo que representa el 87% de los recortes totales del decreto. Estas decisiones reflejan la compleja situación económica del país y la necesidad de reconfigurar el gasto público en el contexto actual.

Este aumento en el presupuesto universitario se enmarca en un clima de tensiones dentro del sistema educativo, donde la comunidad educativa ha manifestado su preocupación ante el escaso financiamiento durante años. La medida podría tener un impacto directo en la calidad de la educación superior y en la capacidad de las universidades para enfrentar desafíos como la capacitación docente y la retención de estudiantes, elementos esenciales para la formación de una mano de obra calificada en la región.