El Gobierno no confirma si retirará el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027

El Gobierno argentino se encuentra en una encrucijada respecto al capítulo de discapacidad en el Presupuesto 2027. En una reciente reunión informativa, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, eludió clarificar si se retirará la sección que propone desmantelar el actual sistema que regula las prestaciones por discapacidad. A pesar de esto, Guberman afirmó que están garantizados "el 100%" de los fondos destinados al sector, lo que se torna crucial en medio de la creciente preocupación sobre el impacto que podría tener la medida en la vida de las personas con discapacidad.

Durante su exposición, el funcionario también reconoció que existen discrepancias dentro del oficialismo sobre este tema. En particular, la postura adoptada por el bloque de La Libertad Avanza difiere notablemente de la que sostiene el Ejecutivo. Guberman explicó que el congreso tiene "capacidad de acción y decisión propia", revelando así la falta de consenso interno sobre esta crucial cuestión. Aunque se prevé que este bloque presente un dictamen sobre el proyecto para el 28 de octubre, la urgencia por resolver el tema es imperante, ya que el Senado debe completar su tratamiento antes de finalizar el año.

Guberman agregó que se está duplicando la partida presupuestaria destinada a la salud de personas con discapacidad, asegurando que se cubrirá el 100% de la demanda de servicios. De acuerdo con sus declaraciones, el gasto en Pensiones No Contributivas también se incrementará, lo que podría ser un alivio para aquellos que cumplan con los requisitos. Este aumento se traduce en más de 15.769 millones de pesos asignados a programas de discapacidad, que representan un incremento del 107,4% en términos reales en comparación con el 2026.

El impacto de estas decisiones se hará sentir directamente en las economías locales, especialmente en aquellas provincias con alta población de personas con discapacidad que dependen de dichas prestaciones. La falta de claridad en el presupuesto y la posibilidad de cambios significativos en el acceso a servicios podría generar tensiones adicionales en una sociedad ya afectada por la crisis económica.

En otro aspecto, Guberman advirtió sobre una reducción proyectada del 0,23% en el PIB de la seguridad social, atribuida a la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) el 1° de noviembre, que permitirá a las empresas prefinanciar indemnizaciones. Esta reforma laboral se suma a un contexto de inquietud sobre la eficacia del sistema previsional actual y sus implicaciones para los trabajadores.

Por su parte, la oposición sigue insistiendo en la necesidad de abordar el Impuesto a los Combustibles, cuya recaudación está destinada, en parte, al mantenimiento de rutas nacionales. Las críticas de la diputada Julia Strada resaltan el riesgo de subejecución del presupuesto, lo que podría complicar aún más la situación económica en las provincias.