El Gobierno no impulsará la creación de Sociedades Anónimas Deportivas por ahora
El Gobierno argentino ha optado por no avanzar en el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas debido a la investigación en curso contra la AFA y su presidentes, Claudio Tapia. Enfocándose en reformas económicas, la administración nacional espera que la justicia se ocupe del asunto.

El Gobierno Nacional ha decidido, por el momento, no presentar un proyecto de ley para transformar los clubes de fútbol argentinos en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esta decisión se produce en un contexto de investigaciones judiciales en Estados Unidos que salpican a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, vinculado a un operativo del FBI.
A pesar de la tensión judicial y la atención mediática que genera el caso, desde la Casa Rosada se afirmó que no se apurará el proceso legislativo relacionado, indicando que el tema debería ser manejado por el sistema judicial en lugar del Ejecutivo. La propuesta de transformar el modelo de clubes, impulsada por Javier Milei y la diputada Juliana Santillán, ha sido relegada de la agenda del gobierno por tiempo indefinido.
Actualmente, las prioridades del Gobierno están centradas en otras reformas consideradas más urgentes, y se ha confirmado que no se presentará ninguna iniciativa parlamentaria vinculada a la AFA hasta que finalicen las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en Estados Unidos.
A la vez, el Ministerio de Seguridad ha colaborado con la justicia estadounidense proporcionando documentos relacionados con la AFA, que incluyen información financiera y cuentas de la entidad. Esto surge en el marco de la disputa que enfrenta la AFA con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga supuestas evasiones fiscales que superan los 19.000 millones de pesos.
El avance de la causa judicial en Estados Unidos se atribuye en parte a acciones de lobby y a la influencia del empresario Guillermo Tofoni, lo que ha generado una compleja relación entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino. Mientras tanto, el Ejecutivo planea adoptar un rol pasivo frente a las medidas que tome la justicia norteamericana, dejando que se determine allí el destino de la AFA y su conducción.
Con este enfoque, el Gobierno apuesta a que las decisiones judiciales definan el futuro de la Asociación, minimizando así la posibilidad de un impacto político inmediato en una de las instituciones más emblemáticas del país. La situación refleja una dilatada tensión entre el Ejecutivo y el fútbol argentino, que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su manejo financiero.