El Gobierno plantea derogar la ley de octógonos negros en alimentos

El Gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, está elaborando un proyecto de ley con el objetivo de derogar la Ley de Etiquetado Frontal (N° 27.642). Esta legislación, implementada desde 2022, exige a los alimentos y bebidas procesados que lleven sellos de advertencia si superan los límites establecidos de azúcares, grasas, sodio y calorías. La propuesta es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, quien argumenta que la normativa actual "estigmatiza" los productos de la industria alimentaria y crea "barreras paraarancelarias" en el comercio internacional.

Los funcionarios del Gobierno sostienen que la regulación vigente "vulnera la buena fe comercial" y que los octógonos negros generan confusión en los consumidores en lugar de brindar información útil. Además, sostienen que la ley argentina es más estricta que las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este no es un tema nuevo, ya que a principios de 2025, mediante un decreto, se eliminó la prohibición de incluir personajes animados en productos con esos sellos, lo que generó controversia entre organizaciones de salud y consumidores.

La reacción de las organizaciones de salud ha sido contundente. Instituciones como la Sociedad Argentina de Cardiología y la de Pediatría han defendido la ley de etiquetado frontal, enfatizando que los octógonos negros son cruciales para disminuir el consumo de alimentos nocivos y combatir la obesidad infantil, una problemática que afecta a un alto porcentaje de la población menor en Argentina.

Datos proporcionados por el Ministerio de Salud revelan que alrededor de 4 de cada 10 niños y adolescentes en el país padecen sobrepeso u obesidad. Desde el sector de la salud advierten que la posible eliminación de los sellos podría ser un retroceso significativo en medidas de salud pública y en el derecho a la información de los consumidores.

Por el contrario, desde la industria alimentaria han recibido positivamente la propuesta de derogación. La Unión Industrial Argentina (UIA) y diversas cámaras del sector habían manifestado en reiteradas ocasiones que la normativa generaba altos costos operativos y complicaciones para las exportaciones. Argumentan que el etiquetado actual es más exigente en comparación con otros países de la región, lo que afecta la competitividad.

El proyecto aún no ha sido debatido en el Congreso, y es relevante mencionar que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la cámara, lo que implica que la aprobación requerirá negociaciones con los bloques opositores, muchos de los cuales ya han expresado su intención de rechazar cualquier cambio que debilite la protección del consumidor que ofrece la legislación vigente.