El Gobierno plantea un proyecto de desregulación para varios sectores clave

El Gobierno argentino se encuentra en la etapa final de redacción de un proyecto de ley de desregulación que consta de más de 144 páginas y que se estructura en 11 títulos. Este documento, que será presentado al Congreso en el transcurso de agosto, tiene como objetivo modificar exhaustivamente diversos sectores, incluyendo el agroindustrial, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica. El proyecto también declara la emergencia pública en materia administrativa por seis meses, permitiendo que el Poder Ejecutivo elimine obstáculos que dificulten la libre competencia y la entrada a nuevos mercados.

Una de las propuestas más destacadas es la digitalización de procesos en sectores clave. Esto incluye la posibilidad de venta de medicamentos a través de plataformas digitales, así como la implementación de tecnologías como blockchain en la negociación de valores. También se prevé la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías que centralizará y agilizará los trámites relacionados con operaciones financieras y comerciales, mejorando la transparencia y eficiencia del sistema.

Entre las modificaciones más controversiales se encuentra la eliminación de las restricciones estatales sobre precios y márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo. Además, el proyecto suprime la regulación del corretaje, eliminando la exigencia de aranceles mínimos y permitiendo una mayor competencia en este ámbito.

El sector agroindustrial y el farmacéutico son dos de los más impactados por estas reformas. Se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales y transformar en voluntarias las contribuciones al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En cuanto a la farmacéutica, se permite la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos no tradicionales, siempre que se cumplan normativas de trazabilidad y seguridad.

En el ámbito logístico, el proyecto permitirá que buques de bandera extranjera realicen cabotaje en aguas argentinas, fomentando una mayor competitividad en el transporte de mercancías y pasajeros. A su vez, se establecerán incentivos a la importación de buques de hasta 20 años y se realizarán ajustes en la normativa laboral para permitir una mayor flexibilidad en la contratación de tripulantes.

Cerca del mercado de capitales, se introducirán cambios para facilitar el uso de activos virtuales como garantías y se agilizará la negociación de instrumentos financieros. Estas modificaciones fomentarían el financiamiento tanto para empresas como para particulares, ampliando las opciones disponibles en un panorama económico cambiante.

El proyecto, en su conjunto, busca modernizar la administración pública y favorecer la innovación tecnológica en los registros públicos, marcando un cambio significativo en la gestión estatal de estos sectores históricamente regulados.