El Gobierno prepara un decreto para impulsar la gestión indígena del riesgo

El gobierno colombiano de Gustavo Petro está elaborando un borrador de decreto que establecería una política nacional orientada a la gestión de desarmonías territoriales, con una vigencia proyectada de 2026 a 2040. Este decreto busca facilitar el acceso directo a recursos públicos para las comunidades indígenas y modificar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La aprobación del documento antes del 7 de agosto podría proporcionar al nuevo gobierno un marco jurídico que redefiniría competencias y ajustaría estructuras administrativas en varios niveles del Estado.

La nueva normativa reconoce oficialmente a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y otros tipos de gobierno propio como partes integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo. Este reconocimiento otorga a estas comunidades la posibilidad de actuar como administradores y ejecutores de políticas de riesgo en sus territorios, pasando de ser meros actores consultivos a tener funciones definidas y autónomas.

Entre las nuevas competencias, se contempla la capacidad de formular e implementar planes de gestión específicos, administrar sistemas de información y alertas tempranas, y participar activamente en consejos nacionales y municipales. Por primera vez, las comunidades indígenas podrían declarar calamidad pública en sus territorios, lo que históricamente ha estado reservado para alcaldes y gobernadores.

El decreto también establece la creación de una subcuenta indígena dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la cual se financiarán proyectos vinculados a esta nueva política. Con esto, se simplifica el acceso a estos recursos, permitiendo a las autoridades indígenas gestionar la financiación de sus iniciativas de manera más eficaz y directa.

Otro aspecto destacado del borrador es la autorización a las ETI para crear Fondos Indígenas de Gestión de Desarmonías Territoriales, lo que les permitirá administrar recursos de diversas fuentes y operar con autonomía en la ejecución de proyectos. Además, se prevé el diseño de un banco de proyectos indígena y la posibilidad de que los cabildos soliciten subcuentas dentro de los fondos de riesgo locales.

Este decreto se apoya en una disposición transitoria de la Constitución colombiana de 1991, que le permite al Ejecutivo dictar normas sobre los territorios indígenas, ante la falta de aprobación de la ley estructural prevista. El nuevo marco legal busca integrar la cosmovisión indígena en el sistema de gestión de riesgos, considerando la importancia de la relación cultural y espiritual de estas comunidades con el territorio.