El Gobierno propone endurecer sanciones por Malvinas y sumar al sector pesquero

La administración del presidente Javier Milei se encuentra en la etapa final de un proyecto de ley que tiene como objetivo ampliar las sanciones sobre aquellas actividades vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas. Este nuevo enfoque incluiría al sector pesquero, además de la actual normativa, que penaliza la exploración de hidrocarburos sin autorización. La iniciativa se prevé enviarla al Congreso el próximo lunes, con la expectativa de que sea tratada rápidamente en la Cámara de Diputados.

El enfoque del Gobierno se basa en fortalecer la Ley 26.659, conocida como "Ley Pino Solanas", la cual regula las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina. Durante una reciente reunión política, se discutió la necesidad de incluir la pesca, a raíz de reclamos del bloque peronista en el Congreso, que sugirió que este sector también debe ser sujeto a sanciones por actividades no autorizadas.

"Los que proporcionen servicios a empresas relacionadas con la explotación ilegal de recursos argentinos verán prohibida su contratación tanto del Estado como de privados en Argentina", afirmó Milei en una reciente alocución. Este enfoque es parte de una ofensiva más amplia del Gobierno contra las empresas que operan en Malvinas de forma ilegal, como es el caso del proyecto Sea Lion, cuya viabilidad ha sido cuestionada por el Ejecutivo argentino.

El nuevo marco normativo también contempla la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que será financiada con recursos del presupuesto 2027, lo cual no comprometerá el equilibrio fiscal. Esta base tendría como objetivo fortalecer la presencia argentina en la zona y poder ejercer un mejor control sobre las actividades en el Atlántico Sur.

Desde el anuncio realizado hace una semana en cadena nacional, el Gobierno ha iniciado acciones contra al menos 60 empresas y personas que están operando en la cuenca de Malvinas sin la debida autorización. Este número refleja la intención del Ejecutivo de llevar a cabo una política más activa en defensa de la soberanía nacional.

Con la inminente presentación del proyecto de ley, se espera que la discusión y adhesiones de otros bloques se intensifiquen en las próximas semanas, marcando un posible avance en la política de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y sus recursos.