El Gobierno propone perpetuar garantías para discapacidad en el Presupuesto 2027
La Libertad Avanza propone un nuevo proyecto que busca consolidar las garantías existentes en el Sistema de Discapacidad dentro del Presupuesto 2027. Sin embargo, hay desconfianza por parte del sector opositor con respecto a las promesas del oficialismo.

En un cambio notable en su enfoque hacia la política de discapacidad, La Libertad Avanza, en colaboración con sus aliados del PRO y la UCR, ha elaborado una propuesta que busca transformar las condiciones actuales de las prestaciones y pensiones, prolongando su vigencia más allá del 2027. Este proyecto clave se firmará como dictamen el miércoles y representa un esfuerzo concertado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.
El nuevo texto presentado propone mantener el Nomenclador universal, garantizando que las prestaciones tengan valores homogéneos y se ajusten mensualmente a la inflación. Además, reafirma la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal, permitiendo a los beneficiarios conservar sus derechos laborales sin perder el apoyo económico que necesitan.
Sin embargo, algunos sectores, en particular aquellos alineados con el gobernador cordobés Martín Llaryora, expresan su escepticismo ante las promesas del oficialismo. A pesar de la nueva propuesta, los diputados de Córdoba mantienen su intención de prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta 2027, argumentando que el cumplimiento de las promesas del Gobierno ha sido inconsistente en el pasado.
La reunión que propició este cambio de postura fue convocada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, e incluyó a representantes de los principales bloques políticos, excepto a los diputados cordobeses. La disposición de estos últimos se considera crítica para el futuro del proyecto, ya que su apoyo es seen como esencial para llevar a cabo la reforma.
El debate también ocurre en un contexto más amplio, donde Llaryora se encuentra en una situación de tensión con el Gobierno nacional. Esto se debe a la posible votación en el Senado de un proyecto que recortaría los subsidios al gas que afectan a más de 680,000 hogares en Córdoba, lo que podría influir en la postura de los diputados de ese bloque respecto al nuevo marco legal sobre discapacidad.
El proyecto libertario sobre discapacidad se asemeja en gran medida a la ley vigente impulsada por la oposición, con la diferencia de que now, al haber presupuesto, se intenta integrar estas cláusulas de forma permanente a la normativa en lugar de depender de la prórroga de la Emergencia, que, según el Gobierno, perderá efecto en 2027.
El siguiente paso implica la incorporación de las partidas necesarias en el Presupuesto para el año próximo. Desde el oficialismo sostienen que esto garantizaría la disponibilidad de fondos de manera legal, evitando así depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo, algo que no estuvo presente en el ejercicio fiscal de 2025.