El gobierno reafirma que Navitas y Rockhopper no están autorizadas para explorar petróleo

El gobierno nacional ha confirmado en la justicia que las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum LP carecen de permisos para realizar actividades de exploración de petróleo en las islas Malvinas, específicamente en relación con el proyecto denominado "León Marino". La información fue presentada por la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos ante la jueza Mariel Borruto en el tribunal federal de Río Grande, Tierra del Fuego.

Las autoridades indicaron que las mencionadas compañías no son titulares de permisos o concesiones necesarias conforme a la legislación argentina vigente, en especial la Ley N° 17.319 que regula las actividades de hidrocarburos. Esta situación establece que cualquier intento de operar sin autorización no sólo es ilegal, sino que podría acarrear sanciones significativas.

En el marco de esta causa, también se ha abierto un proceso judicial para evaluar posibles daños ambientales que pudieran surgir de las actividades propuestas por Rockhopper y Navitas. La jueza Borruto ya ordenó suspender cualquier trabajo en el proyecto debido a la falta de permisos y a la potencial violación de normativas ambientales.

La postura del gobierno argentino se alinea con su reclamación de soberanía sobre las islas Malvinas, un tema sensible en la política nacional. Javier Milei, actual presidente, ha enfatizado su compromiso con la defensa de los recursos naturales del país, y el ejecutivo ha anticipado que se tomarán medidas penales contra las empresas si persisten en su intención de explorar.

La realización de actividades petroleras en las Malvinas ha sido un foco de controversia desde la Guerra de las Malvinas en 1982, y la cuestión de la soberanía continúa siendo un tema relevante en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido. La posición del gobierno no solo busca proteger los recursos nacionales, sino también reafirmar la política estatal en torno a la soberanía territorial.

A medida que avanza el caso, se anticipa que el gobierno mantenga un seguimiento cercano a cualquier desarrollo en el litigio y que evalúe las acciones pertinentes para proteger su reclamación sobre las islas, en función de la constitución nacional y los derechos internacionales correspondientes.