El Gobierno refuerza controles sobre gastos para mayor transparencia

El Ministerio de Economía de Argentina ha adoptado una reciente resolución que busca fortalecer la transparencia en el uso de los fondos estatales. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece límites más estrictos sobre el uso de efectivo y cheques en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Los cambios forman parte de un esfuerzo por transparentar las finanzas públicas y se implementan cambios en el programa de Fondos Rotatorios, que son frecuentemente usados para gestionar gastos de manera urgente.

Entre las medidas adoptadas, se destaca que las entidades que utilicen Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir el uso de efectivo y cheques al 20% de sus transacciones dentro de los primeros 180 días desde la habilitación. Pasado ese plazo, la limitación se ajustará al 10%. Esta modificación indica un endurecimiento respecto a la normatividad anterior de 2018, donde se permitía un uso inicial de hasta el 30% en efectivo.

Las sanciones para aquellos organismos que no cumplan con estas regulaciones también se verán incrementadas. En caso de que el uso de efectivo y cheques supere el límite permitido por 25 puntos porcentuales o más, se aplicará un recorte del 40% en el pago de órdenes de reposición del Fondo Rotatorio, mientras que una diferencia menor a los 25 puntos conllevará una reducción del 20%.

La normativa busca fomentar el uso de medios de pago electrónicos como una forma de mejorar la trazabilidad y eficiencia del gasto público. Desde 2017, la Secretaría de Hacienda ha promovido el uso de tarjetas prepagas corporativas para disminuir gradualmente el uso de pago en efectivo, un movimiento que ya mostraba una tendencia a favor de la digitalización y que ahora se intensifica con las nuevas restricciones.

Este fortalecimiento de controles responde a una evaluación positiva realizada por la Tesorería General de la Nación, que ha señalado un progreso continuo desde la implementación de la normativa inicial, sugiriendo que el sistema está listo para soportar metas más exigentes que antes. La intención es consolidar un sistema más transparente y eficiente en el gasto público, alineándose con las premisas establecidas desde 2017.

De esta manera, el Gobierno argentino pretende garantizar un uso más consciente y controlado de los recursos del Estado, en un contexto de búsqueda de mayor transparencia en la gestión pública y optimización del manejo de fondos públicos, cuyo impacto podría ser significativo para la gestión financiera en las distintas jurisdicciones del país.