El Gobierno sugiere aumento de salarios, pero se aleja de la negociación

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) volvió a reunirse después de varios meses de inactividad, pero los resultados fueron insatisfactorios. Mientras que el Gobierno ha dejado entrever que desea incrementar los salarios más bajos, su falta de intervención en las negociaciones ha generado tensiones entre los gremios y los empresarios. Durante la última sesión, ambas partes presentaron propuestas que fueron rechazadas, lo que llevó el debate a su cierre y dejó a la administración nacional en posición de dictar el aumento de acuerdo a su conveniencia.

Desde el último encuentro, realizado en noviembre del año pasado, no existió un consenso, lo que motivó al Gobierno a implementar un cronograma de ajustes que concluye en agosto, fijando un SMVyM de $376.600 para una jornada completa. Esta cantidad representa un incremento del 12% en un período donde la inflación fue estimada en el 32%, lo que genera un efecto de licuación sobre las obligaciones de seguridad social y favorece el superávit fiscal.

El proceso del Consejo establece que se realicen reuniones técnicas que definen lineamientos, seguidas de una reunión plenaria para la aprobación final. Sin embargo, en esta ocasión, representantes de la CGT y las dos CTA decidieron no participar en la reunión plenaria debido a la negativa del Gobierno a realizarla de manera presencial, lo que derivó en acusaciones mutuas y dejó el futuro de la discusión en manos del Ejecutivo. Con el final de las mesas de negociación, el Gobierno podrá decidir el porcentaje del aumento a través de un decreto que se espera sea difundido el lunes, coincidiendo con la finalización del actual convenio. El Ministerio de Capital Humano ha justificado esta estrategia con el argumento de preservar la paz social y garantizar transparencia, aunque los sindicatos han interpretado esta decisión como un intento de minimizar la importancia del debate.

Las propuestas iniciales de los sindicalistas planteaban un salario mínimo de $911.000 para julio y $993.000 para diciembre, mientras que los empresarios ofrecieron un 1,8% de aumento para septiembre y ajustes mensuales menores posterior a esa fecha, culminando con un salario base de $468.000. La discrepancia entre estas propuestas ha mostrado un abismo entre lo que cada parte considera un salario justo.

Curiosamente, previo a la reunión, el Gobierno había comunicado su deseo de que los próximos acuerdos paritarios establecieran un salario mínimo de $860.000 netos, un monto que implicaría un salario bruto cercano a $1.100.000. Este movimiento evidencia un intento de la administración por ajustar las condiciones de labor de los trabajadores más vulnerables, aunque su falta de acción en las discusiones directas ha generado dudas sobre su real compromiso.