El Gobierno suspende la restitución de más de 21.800 pensiones por invalidez

El Gobierno argentino ha decidido suspender la restitución de más de 21.800 pensiones no contributivas por invalidez, afectando a individuos que habían recibido estas prestaciones durante un período anterior. De acuerdo con las nuevas resoluciones emitidas por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, las personas beneficiarias deberán solicitar la rehabilitación de sus pensiones en un plazo de 60 días a partir de su notificación.

La Resolución 3695/2026, que deja sin efecto la Resolución 13901/25, ha formalizado esta suspensión. Esta última resolución había restablecido el pago de pensiones no contributivas que habían sido interrumpidas a raíz de auditorías anteriores. La decisión de retroceder en esta medida surge luego de una acción cautelar del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca que había ordenado el restablecimiento de las pensiones en 2025.

Los beneficiarios cuyas pensiones quedan suspendidas deberán presentarse en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI, ya que estas reemplazan a la ANSES como el principal canal de atención. Las resoluciones detallan que para recuperar sus beneficios, los solicitantes deberán presentar documentación médica actualizada y comprobar su condición actual que les da derecho a esta asistencia, además de actualizar sus datos personales.

Para aumentar la accesibilidad, la Secretaría Nacional de Discapacidad ha habilitado múltiples vías para que los beneficiarios realicen sus trámites. Estas incluyen la posibilidad de hacer las presentaciones a través del sitio web del Ministerio de Salud, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y hasta por correo electrónico. Esto busca facilitar la recepción de documentación, a la vez que garantizar la atención personalizada en el marco de un modelo que integre mejor estos servicios a nivel territorial.

La repercusión de esta resolución afecta a una parte significativa de la población que depende de estas pensiones para su sustento en un contexto donde las condiciones económicas son desafiantes. Las pensiones por invalidez son una red de contención fundamental para garantizar el bienestar de muchas personas en situación de discapacidad, por lo que el recorte en estos beneficios presenta riesgos para la seguridad económica de los afectados.

En cuanto a lo que se espera a futuro, el próximo paso para los beneficiarios será presentar la documentación requerida en tiempo y forma para solicitar la rehabilitación de sus pensiones, mientras el Gobierno continúa justificando su decisión como parte de una racionalización en la gestión de los recursos destinados a las prestaciones sociales.