El impacto de la inteligencia artificial en la justicia y la responsabilidad empresarial
Un caso en Esquel revela la complejidad de la responsabilidad judicial cuando se utiliza inteligencia artificial. La justicia patagónica y la del resto del mundo destacan la necesidad de que siempre haya un responsable humano detrás de las decisiones automatizadas.
En junio de 2025, un tribunal en Esquel condenó a un individuo a dos años y seis meses de prisión por un robo, aunque su fallo fue posteriormente anulado. La razón de esta anulación fue la detección de una línea en el fallo que no había sido redactada por el juez, sino que había sido proporcionada por un asistente de inteligencia artificial. Este hallazgo generó incertidumbre sobre qué parte de la decisión correspondía al magistrado y cuál a la máquina, llevando a la Cámara a revertir la sentencia sin solicitud previa.
Este hecho resalta la problemática de la responsabilidad en el uso de técnicas automatizadas en el ámbito judicial. El Superior Tribunal de Chubut revirtió la nulidad posteriormente, argumentando que el uso de herramientas de apoyo no implica que un juez delegue su juicio personal, ya que la responsabilidad recae siempre en quien firma el fallo. Ambas instancias judiciales coincidieron en que la decisión final debe ser humana, subrayando que la firma del juez significa que asume toda la responsabilidad sobre su contenido.
Este tema no solo afecta al ámbito judicial, como se evidencia por el incidente que involucró a un pasajero de Air Canada en 2022, quien se vio perjudicado por la información errónea proporcionada por un chatbot de la aerolínea. Un tribunal canadiense determinó que la compañía no podía argumentar que el chatbot era responsable de sus acciones, abriendo un debate sobre si las empresas pueden evadir responsabilidades a través de su software automatizado. Dicha situación pone de relieve una tendencia global: la inteligencia artificial puede manejar diversas tareas, pero no puede eludir la cuestión de la responsabilidad.
La discusión sobre la responsabilidad de las decisiones automatizadas se trasladó al ámbito legislativo en Argentina, donde se está considerando una nueva Ley General de Sociedades. Esta ley propone la creación de “sociedades automatizadas”, que podrían operar sin empleados y depender de agentes de inteligencia artificial. Sin embargo, se generó controversia sobre quién sería responsable en caso de daños, hasta que se aceptó la inclusión de representantes humanos identificables que respondan ante cualquier eventualidad. Esto refleja una aceptación implícita de que siempre debe haber una figura responsable detrás de la tecnología.
En este contexto, el debate sobre la responsabilidad civil y la defensa del consumidor se agudiza, revelando que las leyes actuales ya contemplan estos aspectos sin necesidad de crear nuevas normativas específicas para la inteligencia artificial. En última instancia, quienes deciden utilizar estas herramientas deben asumir la responsabilidad por los resultados que ellas generan, enfatizando que la toma de decisiones, aunque automatizada en parte, sigue siendo un proceso con implicaciones éticas y legales claras.