El MPF solicita revocar la prisión domiciliaria a empresario condenado por abusos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha presentado un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén para revocar la prisión domiciliaria que se le otorgó a un empresario condenado, J.R., por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Esta solicitud llega tras la decisión del Tribunal de Impugnación, que el 15 de julio pasado decidió sustituir la prisión preventiva con la domiciliaria, una medida que el MPF considera "manifiestamente arbitraria".

Los fiscales que llevan el caso, encabezados por Mauricio Zabala y Manuel Islas, argumentan que el contexto del juicio ha cambiado sustancialmente después del veredicto de culpabilidad, emitido por un jurado popular de manera unánime el 1 de julio. Según el MPF, los delitos imputados, que conllevan penas mínimas de 15 años de prisión efectiva, incrementan el riesgo de fuga del condenado, lo que justifica la necesidad de restablecer la prisión preventiva.

Uno de los puntos que el MPF subraya es que el Tribunal de Impugnación no valoró adecuadamente la gravedad de los hechos y la necesidad de una mayor protección a la víctima. Los fiscales recalcaron que la prisión domiciliaria fue apropiada solo para garantizar la realización del juicio y que, una vez establecido un veredicto de culpabilidad, esa circunstancia cambia radicalmente, requiriendo una reevaluación de las medidas de coerción.

Además, el MPF cuestionó el razonamiento del Tribunal de Impugnación, que justificó la prisión domiciliaria al considerar que el juicio se había podido llevar a cabo bajo esa medida. En respuesta, los fiscales argumentaron que el Código Procesal Penal no requiere demostrar por qué otras medidas menos severas no serían idóneas en este contexto.

La presentación también incluye la solicitud de una audiencia de debate para el tratamiento del recurso extraordinario. Esta iniciativa surge en un marco de creciente indignación social, evidenciada por las protestas vecinales en forma de bocinazos y cacerolazos frente al domicilio del empresario en un barrio privado de Plottier, donde reside actualmente.

Los delitos por los cuales J.R. fue condenado abarcan un período que se extiende desde que la víctima era niña hasta su adultez, implicando distintas situaciones de abuso en su entorno habitual. Debido a la naturaleza de los delitos y la vulnerabilidad de la víctima, la fiscalía sostiene que es fundamental garantizar una tutela judicial eficaz, sin poner en riesgo su seguridad.

Este caso refleja un desafío para el sistema judicial, que debe equilibrar entre el debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en situaciones de violencia de género, que continua siendo un tema crítico en la región.