El Municipio de Comodoro Rivadavia busca alternativas para choferes de Patagonia
El Municipio de Comodoro Rivadavia se encuentra en conversaciones con la UTA para encontrar soluciones legales que aseguren el pago a los choferes despedidos de Patagonia Argentina. La gestión incluye la revisión de 900 millones de pesos disponibles para garantizar los salarios.

Las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia, lideradas por el secretario General Andrés Blanco y la secretaria de Servicios Públicos Cintia Juárez, han sostenido una reunión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para abordar la situación de los choferes de Patagonia Argentina. Este encuentro, que incluyó a representantes del gremio, se centró en coordinar esfuerzos para asegurar el bienestar de los trabajadores que están en la espera de su incorporación a la nueva empresa de transporte público.
Durante la reunión, se reveló que el municipio dispone de más de 900 millones de pesos, resultado del último pago por el servicio de Patagonia Argentina. Este fondo se considera crucial, ya que las autoridades municipales están trabajando para determinar las alternativas legales que permitan utilizar estos recursos con el fin de cancelar efectivamente los haberes adeudados a los choferes.
La situación se da en un contexto de incertidumbre, donde los trabajadores, aún vinculados a Patagonia Argentina, se encuentran preocupados por su futuro laboral. El Municipio reafirmó su compromiso de explorar todas las vías legales disponibles para garantizar que se cumplan con los pagos adeudados y proporcionar tranquilidad a las familias involucradas.
Además, la administración municipal criticó las maniobras del ex prestador del servicio, Atilio "Tito" Rossi, quien estaría intentando beneficiarse de la situación mediante acciones legales contra el Estado. Las autoridades locales señalaron que la especulación por parte de Rossi, apoyada por su equipo legal, podría afectar los recursos destinados a la comunidad de Comodoro Rivadavia.
El municipio, consciente de la importancia de este artículo de 900 millones de pesos, está centrando sus esfuerzos en el análisis normativo correspondiente para actuar en defensa de los choferes. Este enfoque busca no solo responder a las necesidades inmediatas de los trabajadores, sino también establecer un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de los derechos laborales en situaciones de cambio de prestatarias de servicios públicos.
Finalmente, el Ejecutivo municipal se enfrenta a una doble tarea: asegurar los salarios de los choferes y lidiar con las complicaciones legales que surgen de la situación actual con Rossi. Aunque aún hay por delante un camino legal, el foco principal es garantizar el bienestar social de quienes dependen laboralmente del servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia.